A pesar de que los servicios jurídicos de los policías han declarado que "el poder de detención y registro no se utiliza de forma aleatoria, sino en base a amenazas reales", los jueces de apelación han dictaminado que la aplicación del artículo 21 no está determinada por un código preciso.
Esto implica la ausencia de garantías de que la facultad otorgada por el artículo 21 no pueda ser ejercida arbitrariamente y que no se produzcan abusos.
"Mientras no haya un código para regular la Sección 21, el ejercicio de esta facultad no es consistente con la ley", dice el veredicto.
Una nueva audiencia decidirá el monto de la indemnización solicitada por Bernard Fox y Marvin Canning al PSNI.
Ambos han negado las acusaciones de participación en "actividades terroristas"
Y Canning ha afirmado que "el 32CSM no es una organización ilegal".
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