Un juez del Tribunal Superior ha dictaminado que el recurso legal presentado por los miembros de la Orden de Orange, tras la decisión del ministro británico para ''Irlanda del Norte'' de prohibir el desfile de Drumcree, no constituye un caso de emergencia.
El ministro británico, Sir Chris Bryant, prohibió el viernes el polémico desfile de la Orden de Orange en Drumcree, afirmando que la decisión "respondía al interés de la paz".
Los miembros de la Orden de Orange de Portadown acudieron el sábado por la tarde al Tribunal Superior para solicitar una revisión judicial de dicha decisión.
Bryant declaró haber recibido asesoramiento del jefe de policía, quien advirtió que permitir la celebración de la marcha podría derivar en lesiones graves, disturbios y una agitación social más amplia.
La decisión de Bryant se produjo tras no lograrse un acuerdo entre la Logia del Distrito de Portadown y los residentes de Garvaghy Road sobre si se permitiría el paso de la marcha por esta carretera, situada en una zona de mayoría nacionalista.
En respuesta, los miembros de la Orden de Orange de Portadown presentaron la solicitud de autorización para una revisión judicial con el fin de impugnar la decisión.
La jueza McBride declaró el sábado ante el tribunal: "Se trata de un caso importante y reconozco que existe cierta urgencia, pero no constituye una emergencia".
La jueza también cuestionó la necesidad de tramitar el caso fuera del horario habitual del tribunal. "No logro comprender del todo por qué este caso debe verse hoy, en términos de (cualquier) perjuicio irreparable", declaró.
"Ellos (la Orden de Orange) tenían derecho a desfilar pero no pudieron ejercerlo; ahora se les ha privado de ese derecho. En términos prácticos, se encuentran exactamente en la misma situación".
"Probablemente haya mucho más material que deba considerarse en esta impugnación y que no tengo ante mí hoy", añadió.
La jueza señaló que, si el secretario de Estado actuó conforme a la ley, la decisión se mantendrá, pero agregó que "hay muchos elementos interconectados en juego".
Al hablar a la salida del tribunal, el lealista Jamie Bryson, que ha actuado como asesor jurídico de la Logia del Distrito de Portadown, celebró que la jueza reconociera el caso como "importante" y añadió que "la lucha continúa".
"Cabe preguntarse por qué el jefe de policía y el secretario de Estado no pudieron simplemente esperar a ver qué dictaminaba el Tribunal de Apelación el lunes". "Porque todos sabemos que, si el lunes el Tribunal de Apelación ratifica la decisión del juez Humphreys y declara que las objeciones a dicha resolución carecían de fundamento jurídico, las consecuencias —tanto políticas como legales— serán enormes para el ministro y para el jefe de policía".
