Tras semanas de intensas negociaciones, el Ejecutivo de coalición entre el conservador partido Fine Gael y los laboristas llegó hoy a un acuerdo respecto al borrador de esta controvertida ley, que deberá ahora pasar por el filtro de un comité parlamentario antes de ser votada en la Cámara baja irlandesa.
Entre las cuestiones más complicadas que han enfrentado a secciones de ambos partidos destaca la inclusión de la amenaza de suicidio como motivo para que los médicos practiquen un aborto, tras constatar que la vida de la madre corre peligro.
En la actualidad el aborto es ilegal en Irlanda menos cuando la vida de la madre, en vez de su salud, está en riesgo, pero está sujeto a la interpretación de los médicos, que normalmente tienden a negarse a practicar interrupciones de embarazos por miedo a consecuencias legales o por convicciones religiosas.
La nueva ley, que debería entrar en vigor antes del verano, será más clara al respecto y sustituirá a la normativa actual, que permite interrupciones del embarazo en circunstancias muy limitadas siguiendo directrices muy vagas recogidas en la Constitución irlandesa.
Para poder incluir la amenaza de suicido el democristiano Fine Gael del primer ministro, Enda Kenny, llegó a proponer el establecimiento de un panel médico compuesto por hasta seis expertos que evaluaría la veracidad de la situación de la madre.
Un significativo número de diputados conservadores necesitaba tales garantías porque, a su juicio, la cuestión del suicidio podría abrir la puerta a lo que denominan "abortos a la carta", mientras que los laboristas veían ese panel médico como un instrumento casi "inquisitorial".
Al final, el Gobierno ha optado por que un comité de tres expertos evalúen el estado de salud físico y mental de la madre, quien podrá después apelar la decisión ante otra instancia médica compuesta por otros tres especialistas. Se desconoce aún si estas provisiones serán suficientes para el sector más tradicional del Fine Gael.
Ante la posibilidad de que surja un motín, Kenny ya ha advertido de que todos sus diputados deberán someterse a la disciplina del partido cuando el proyecto de ley se vote en la Cámara baja irlandesa, el Dáil.
En el programa para las elecciones que le llevaron al poder en febrero de 2011 reiteró que no legislaría para modificar la actual normativa, una promesa incumplida que podría tener consecuencias en las urnas para alguno de sus correligionarios en próximos comicios.
No obstante, todo cambió en este país a raíz de la muerte el pasado octubre de una mujer india en un hospital donde los médicos se negaron a interrumpir su embarazo. Savita Halappanar, de 31 años y embarazada de 17 semanas, falleció de septicemia después de que los médicos se negaran a practicarle un aborto, tras alegar que la ley impedía hacerlo mientras latiera el corazón del feto, pese a que la salud de la mujer se deterioraba.
La conmoción causada por este caso ha obligado al Ejecutivo a legislar, a pesar de que dos sentencias judiciales ya habían presionado a anteriores gobiernos para que actuaran, si bien ninguno quiso tocar un asunto tan delicado en un país muy católico.
El proyecto de ley tratará de acabar con el vacío legal creado desde que el Tribunal Supremo de Dublín ampliase en 1992 las situaciones en las que se puede interrumpir un embarazo si la vida de la madre corre peligro para incluir, entre otras, la amenaza de suicidio.
Hace dos años la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos instó a Irlanda a legislar, tras condenar a sus autoridades a indemnizar con 15.000 euros a una mujer enferma de cáncer a la que no se permitió abortar, a pesar de que su vida corría peligro.
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