Aunque la legislación ya ponía desde 1983 el derecho a la vida de la madre al mismo nivel que el del no nacido, y desde 1992 incluía el riesgo de suicidio entre los factores de peligro de muerte, lo hacía de forma muy genérica y la aplicación quedaba a juicio del médico. En la práctica rara vez se realizan interrupciones del embarazo, por lo que entre 4.000 y 7.000 mujeres viajan cada año a Reino Unido para realizarse el procedimiento.
La inclusión del riesgo de suicidio en la legislación está pendiente de una clarificación desde 1992, cuando el Tribunal Supremo dictaminó que los jueces no debían haber impedido que una joven viajara al extranjero a abortar por entender que el riesgo de que se suicidara constituía una amenaza a su vida. Las clarificaciones en cuanto al peligro de muerte, por su parte, son consecuencia de una sentencia del Tribunal de Estrasburgo de 2010 acerca de una mujer con cáncer. Aunque el Gobierno ya estaba preparándolas, la muerte en diciembre de 2012 de Savita Halappanavar añadió urgencia a esas clarificaciones.
Halappanavar, una dentista india de 31 años embarazada de 17 semanas, falleció el 28 de octubre de 2012 en el Hospital Universitario de Galway (oeste de Irlanda) porque los médicos se negaron a practicarle una interrupción del embarazo pese a que estaba muy enferma y el feto no podría sobrevivir. Los doctores esperaron hasta que el corazón del feto dejó de latir, cuatro días después de ese diagnóstico, y la madre murió de septicemia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario