La dirigente conservadora aseguró que se pone menos énfasis sobre las acciones de los paramilitares católicos o protestantes, responsables, dijo, de la mayoría de los 3.500 muertos que provocaron casi cuatro décadas de conflicto en la provincia.
Según Villiers, cualquier nuevo instrumento que se adopte en el futuro para abordar el legado del pasado deberá "centrarse proporcionadamente" en las "ilegalidades" cometidas por los paramilitares y dejar de examinar "casi exclusivamente" las de las de los órganos de seguridad del Estado.
En un discurso pronunciado hoy en Belfast, la titular para la provincia británica recordó que el Gobierno norirlandés, de poder compartido entre católicos y protestantes, gasta más de 35 millones de euros al año en las investigaciones sobre "casos históricos", algunos de los cuales implican a soldados o agentes de policía.
En la actualizad, el Tribunal Superior de Belfast tramita decenas de casos presentados por particulares que acusan al Gobierno británico y sus fuerzas de seguridad de colaborar secretamente con los paramilitares unionistas para asesinar a nacionalistas durante el conflicto.
Cuestiones como el legado del pasado, las banderas o los desfiles protestantes mantienen divididos y enfrentados a los partidos de la región, que en diciembre rechazaron una propuesta de acuerdo presentada tras negociaciones maratonianas por el exdiplomático estadounidense Richard Haass.
Las tensiones creadas por esos asuntos, que se traducen en ocasiones en serios enfrentamientos callejeros, se han visto agravadas desde que en febrero salió a la luz la existencia de una amnistía encubierta a exmiembros del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA).
Se supo entonces que el Gobierno británico laborista envió entre 2005 y 2010 cartas a casi 200 "fugados" del IRA en las que se les aseguraba que podían regresar a Irlanda del Norte sin riesgo de ser apresados por las fuerzas del orden por delitos cometidos antes de la firma del acuerdo de paz del Viernes Santo (1998).
Ese tipo de amnistía encubierta quedó expuesta cuando en febrero un tribunal británico examinó una de esas cartas y se vio obligado a suspender el juicio contra el irlandés John Downey, de 62 años, acusado del asesinato de cuatro soldados británicos en un atentado perpetrado por el IRA en 1982.
A este respecto, Villiers insistió hoy en que Londres se opone a cualquier tipo de perdón para los paramilitares y recalcó que un "nuevo proceso diseñado para examinar el pasado debe de ser equilibrado, transparente y objetivo".
"Por supuesto, hay quien cree que la mejor manera de abordar el pasado es olvidándolo. Entiendo ese sentimiento, pero la controversia sobre asunto (de las cartas a fugados) ha demostrado que esa no es una opción viable", reiteró la ministra. EFE
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