Después de dos días de debate, la oposición del Gobierno de coalición entre el conservador Fine Gael y los laboristas, así como del tercer partido irlandés, el centrista Fianna Fáil, no permitió que prosperase la propuesta.
Antes de la votación, la autora del proyecto, la diputada socialista Clare Daly, instó al Dáil a "no esperar otros seis meses" para legislar sobre esta cuestión porque este retraso, dijo, podría "tener trágicas consecuencias" para alguna mujer, tal y como "le sucedió a Savita Halappanavar".
El precedente de Savita
Halappanavar, de 31 años y embarazada de 17 semanas, falleció el pasado 28 de octubre de septicemia en un hospital irlandés después de que los médicos se negaran a practicarle un aborto tras alegar que la ley impedía acabar con la vida del feto mientras su corazón latiera, a pesar de que su salud se deterioraba.
El aborto es ilegal en Irlanda menos cuando la vida de la madre corre peligro, lo que incluye la amenaza de suicidio, excepciones establecidas por el Tribunal Supremo hace 20 años pero que nunca han sido refrendadas por los legisladores ni incluidas en la Constitución, por lo que quedan expuestas a interpretación.
El primer ministro irlandés, el conservador Enda Kenny, ha reiterado que el Gobierno comenzará la próxima semana a debatir este asunto en las dos Cámaras del Parlamento con vistas a acometer, "bien entrado el próximo año", una reforma de la ley del aborto y a acabar con esa incertidumbre legal.
Informe de expertos
Para ello, el Ejecutivo de Dublín cuenta con un informe elaborado por un grupo de expertos que propone cuatro vías de actuación para cumplir con los requerimientos de las autoridades judiciales irlandesas y europeas.
El texto plantea primero la introducción de directrices o normas orientativas, lo cual no obligaría a reformar la legislación, pero al no ser vinculantes es probable que las autoridades europeas lo consideraran insuficiente.
La aplicación de cualquiera de los otras tres opciones, que pasan por la emisión de órdenes ministeriales, la redacción de una nueva ley o una combinación de órdenes y enmiendas a la legislación vigente, podría provocar los cambios deseados, pero la comisión advierte de que el proceso será largo y complicado.
Este informe fue encargado por el anterior Gobierno después de que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara hace dos años a Irlanda a indemnizar con 15.000 euros a una mujer a la que no se permitió abortar, a pesar de que su vida corría peligro.
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