Las acusaciones pesan como piedras en el Ministerio de Defensa y el PSNI: ayudar - o al menos hacer la vista gorda - a meter a hurtadillas en Belfast en 1987 al menos 300 fusiles automáticos y pistolas, cientos de granadas y municiones, por lo menos 30.000. Uno de los rifles de asalto, de fabricación checa, un VZ-58, se utilizó para disparar contra los desarmados clientes del Heights Loughinisland Bar (Condado de Down) en 1994, matando a seis personas.
De acuerdo con los testimonios de algunas de las personas involucradas, las armas fueron adquiridas a Armscor, la empresa de armas de la época del apartheid en Sudáfrica. El acuerdo entre Armscor y los paramilitares lealistas se remonta a 1985, cuando un agente británico infiltrado en la UDA en nombre del ejército británico y los servicios de inteligencia (MI5) fue a Sudáfrica.
El Ministerio de Defensa ha admitido que el viaje fue a expensas de la unidad de inteligencia en la que trabajaba, no hay evidencia hasta ahora de que el arsenal que llegó a Belfast en 1987 fue un resultado directo de ese viaje, pero los abogados de las familias de Loughinisland declaran la certeza de que "existen evidencias": "Desenterrar la verdad es nuestra meta, y por eso vamos a apelar ante el Tribunal Supremo."
Unas semanas después de la llegada de las armas al Norte, el asesino lealista Michael Stone abrió fuego contra los asistentes al funeral de Mairéad Farrell, Séan Savage y Michael McCann - Voluntarios del IRA víctimas de la política de tirar a matar del SAS en Gibraltar. En los seis años que siguieron, el número de víctimas de los paramilitares lealistas se triplicaron en comparación con los últimos seis años anteriores.
Una reciente investigación de la Defensoría del Policía ha revelado que en la investigación de la masacre de Loughinisland, la RUC destruyo la prueba más importante, el coche con el que el asesino huyó y no tomaron las huellas dactilares de ADN que podría desvelar los culpables.
Además, las familias han presentado una demanda civil contra el PSNI, que no quiso especificar si eran o no informantes de la policía los involucrados en la masacre.
Ahora la preocupación es alta de que las audiencias se lleven a cabo de acuerdo con una controvertida ley que permite a los abogados del gobierno mostrar las evidencias a un solo juez a puerta cerrada, sin que los fiscales puedan acceder a ellas.
"La experiencia que estas familias se han visto obligadas a tratar es la prueba de que el sistema actual no busca la verdad", dijo Niall Murphy, el abogado de las familias.
El PSNI y el Ministerio de Defensa se ha negado a comentar sobre el asunto.
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