Eran ya la seis de la mañana y el séptimo borrador
de propuestas presentadas por unos mediadores que fueron convocados por
el Gobierno norirlandés en julio no había superado el filtro unionista.
El DUP de Ian Paisley y Peter Robinson aireaba reparos y el más
moderado UUP se mostraba más hermético. La posición de los nacionalistas
era más favorable, con el Sinn Féin dispuesto a respaldarlo «como base
para un acuerdo». Haass recomendó a Robinson y Martin McGuinness,
principales responsables del Ejecutivo autonómico, la publicación del
borrador para medir la reacción del público a sus propuestas sobre cómo
tratar las tres áreas problemáticas: el pasado, las marchas y las
banderas. El documento, publicado en la noche del martes, ofrece gran
cantidad de pormenores pero quizás ilustra el vaciamiento de algunas
ambiciones iniciales.
Ante la disputa sobre el izado de banderas
-británica e irlandesa-, que ha creado polémicas y disturbios, Haass y
O'Sullivan consideraron inicialmente la idea de abrir un concurso para
diseñar una nueva enseña compartida. En el último borrador se conforman
con reconocer que este asunto no es susceptible de acuerdo ahora y
recomiendan la creación de una Comisión sobre Identidad, Cultura y
Tradición para que pueda debatirlo en el futuro.
La regulación de las marchas, en su mayoría
'orangistas', depende de una comisión, que no gusta a los organizadores.
Los mediadores proponen un sistema con dos. Y con notificaciones de
celebración, plazos para presentar reparos y de mediación si esto
ocurre, con fallo final de un nuevo ente. Bosquejan también un código de
conducta para los manifestantes, que se comprometerían, por ejemplo, a
no vestir uniformes de organizaciones paramilitares.
Derechos contradictorios
Diez de las cuarenta páginas del documento de
Haass describen procedimientos minúsculos que a menudo articulan lo que
es de hecho una renuncia a cometer generalizadamente actos que ya son
ilegales. Revelan que en Irlanda del Norte aún hacen falta mediadores
foráneos para trazar el camino que haga compatibles, dice el documento,
derechos potencialmente contradictorios: el de expresarse con libertad
en marchas, el de un vecino a no padecer conductas sectarias agresivas.
Alasdair McDonnell, líder del nacionalista Partido
Socialdemócrata y Laborista (SDLP), dijo que en algunos aspectos hacen
falta «propuestas mayores y mejores» que las contenidas en el borrador
final de Haass y O'Sullivan. Apunta con ese comentario a que el sistema
constitucional de Gobierno compartido forzoso entre unionistas y
nacionalistas y la hegemonía actual de los dos partidos más tribales,
DUP y Sinn Féin, conduce a actitudes conservadoras.
«Visión cívica»
Los dirigentes políticos señalaron que el mayor
avance se ha producido en el modo de 'enfrentarse al pasado', el tercer
área del documento de Haass. Esa sería la manera de corregir las
deformaciones que harían que, quince años después del Acuerdo de Viernes
Santo, «no se han obtenido todos los beneficios de la paz». «Se
necesita una visión cívica», afirma después el documento, que ofrece una
'arquitectura' para acogerla.
El borrador va detallando recomendaciones. Sobre
'víctimas y supervivientes' llama especialmente la atención sobre la
necesidad de un buen servicio de tratamiento de problemas de salud
mental o de cobertura a quienes han perdido un tiempo sustancial de vida
laboral como consecuencia de lesiones o traumas y pueden tener
problemas agudos en una edad avanzada.
Luego entra en el deseo de las víctimas de que
sean reconocidos los crímenes y su deseo también de que se haga
justicia. Los mediadores, en este punto en el que parece haber más
acuerdo que en ningún otro, creen que el reconocimiento puede ayudar a
una documentación compartida del pasado y a una reconciliación. Una
Comisión para la Implementación y la Reconciliación, con ese preciso
nombre, supervisaría el avance de lo propuesto en este punto.
En primer lugar, seguir investigando los 3.000 de
los 3.500 asesinatos en Irlanda del Norte desde 1922 a 2.000 que no han
sido aclarados. Los mediadores proponen un nuevo grupo policial de
investigación, fuera de la Policía regional, que tendría que descubrir
pruebas sobre asesinatos no aclarados, muchos años después de que no lo
lograsen fuerzas de seguridad entonces concentradas en la persecución
del terrorismo.
La novedad es una comisión para recuperar
información, mediante testimonios de autores de crímenes específicos o
de quienes puedan documentar algunos 'temas' del pasado: posible
cooperación del Estado británico con lealistas y de la República con el
IRA, limpieza étnica en áreas fronterizas, política de disparar a matar
por las fuerzas de seguridad, maltrato de detenidos, palizas de castigo,
desaparecidos, financiación, armas de los paramilitares... Los testigos
estarían protegidos por inmunidad sobre lo afirmado ante esta comisión.
Los gobiernos británico e irlandés pidieron a los
partidos norirlandeses que sigan negociando, pero no es la primera vez
-ya ocurrió en el 2009- que las propuestas sobre cómo tratar los asuntos
del pasado son enterradas tras su publicación. Es diferente esta vez
porque los cinco partidos han participado desde julio en esta
negociación. Las próximas semanas ofrecerán un mejor balance de su
resultado.
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