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La crítica de los diputados se refiere a un mecanismo administrativo acordado entre el Ejecutivo laborista y Sinn Fein, que ofreció garantías equivalentes a la inmunidad judicial a miembros de la rama militar del partido republicano a partir del año 2000.
Con esta iniciativa, Blair aseguró el apoyo de los republicanos irlandeses al proceso de paz tras la firma del trascendental Acuerdo de Viernes Santo, de 1998.
Para Sinn Fein se tradujo en una serie de "cartas de confort" que el Ministerio de Irlanda del Norte y la propia oficina del entonces primer ministro remitieron a cerca de 200 activistas del IRA bajo sospecha de actividades terroristas.
Las misivas confirmaban a cada individuo que no era buscado por los servicios de policía de Reino Unido ni tenía cuentas pendientes con la Justicia británica.
"Este muy controvertido mecanismo permaneció invisible durante 14 años. Nunca debió gestionarse de esta forma", observan los parlamentarios.
El comité se queda a un paso de definir la estrategia como ilegal, pero admite que "sin duda dañó la confianza del público en el sistema judicial penal".
"Creemos que el Gobierno defraudó a las víctimas y sus familiares", denunció hoy Laurence Robertson, diputado conservador y presidente del comité.
Más de 3.000 personas murieron en las tres últimas décadas del conflicto en Irlanda del Norte.
El informe concluye que la emisión de cartas a miembros del IRA "sirvió como un sustituto y distracción a la amnistía, que retuvo a Sinn Fein en las conversaciones de paz".
Gerry Adams, presidente de Sinn Fein, presionó a Blair por resolver la situación de los fugitivos republicanos, que quedaron excluidos del acuerdo político de 1998.
Uno de los apartados del documento marco garantizó la excarcelación "bajo licencia" en un plazo máximo de dos años de todos los paramilitares que secundaran la tregua de sus respectivas organizaciones.
Los diputados reconocen que "estábamos en un difícil proceso de paz", pero advierten que debería haber prevalecido "la transparencia y la responsabilidad del gobierno y del proceso legal".
La existencia de las "cartas de confort" salió a relucir debido a un error en la revisión de uno de los beneficiados.
El ex miembro del IRA, John Downey, a quien se le acusaba del asesinato de cuatro soldados en un atentado ocurrido en Londres en 1982, se libró del proceso judicial al producir su misiva oficial.
El comité urge al Gobierno a que tome los pasos necesarios para asegurar que dichas cartas no tengan efecto legal a partir del momento actual.
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