Una revisión de la situación de seguridad en el Norte dijo que la policía y los funcionarios de prisiones seguían siendo "objetivos" de los republicanos.
Brian Barker QC es el revisor 'independiente' de los acuerdos de seguridad nacional en el Norte
La actividad republicana en el Norte disminuyó el año pasado entre redadas policiales, control de MI5 y los cambios en la sociedad provocados por la Covid, según un nuevo informe.
Brian Barker QC, el revisor 'independiente' de los acuerdos de seguridad nacional en el Norte dijo, sin embargo, que la amenaza de los ''grupos paramilitares republicanos disidentes y lealistas'' persiste.
El juez retirado Brian Barker QC, quien tiene la responsabilidad de revisar la relación entre el MI5 y el PSNI en el manejo de asuntos de seguridad nacional en el Norte, entregó su informe anual al Parlamento.
"La actividad republicana disidente durante el año se redujo un poco debido a los cambios forzados en el patrón de vida y la presión continua de las fuerzas de seguridad, a medida que su liderazgo hacía balance".
“2020 fue un año muy difícil, superado y luego sumergido por la pandemia de la Covid-19. El enfoque dominante que enfrentó la comunidad en todo momento fue hacer frente a las incertidumbres de los encierros y las consecuencias de la impredecible propagación de la pandemia; una combinación que generó considerables presiones imprevistas y ansiedades comprensibles en todos los ámbitos".
“El número de incidentes se redujo ligeramente en comparación con 2019. El panorama general en este área, lamentablemente, ha cambiado poco. La amenaza tanto de los grupos republicanos disidentes como de los paramilitares lealistas se mantuvo, y algunas áreas de la comunidad continuaron siendo objeto no solo de actividades terroristas sino también de actos y actitudes criminales inaceptables a un nivel que casi ha llegado a ser considerado normal por muchos''.
El informe dijo que hubo una serie de comparecencias judiciales de alto perfil por ''delitos de terrorismo''.
“Sin embargo, una serie de operaciones concluyeron con éxito y se caracterizaron por comparecencias de alto perfil ante los tribunales de participantes de alto nivel y la imposición de sentencias importantes. Un gran éxito fue el arresto coordinado a mediados de agosto de 10 personas que desde entonces han sido acusadas de una variedad de delitos terroristas luego de una operación conjunta de larga duración y cuidadosamente coordinada entre el MI5 y el PSNI. El encarcelamiento de personas clave será un duro golpe para las operaciones republicanas disidentes con la consiguiente pérdida de liderazgo y capacidad de planificación".
Barker dijo que sus reuniones con altos miembros del MI5 y PSNI estaban restringidas al contacto virtual, pero dijo que era evidente que la cooperación efectiva había "subido un nivel".
Dijo: “Las terribles circunstancias a las que se enfrentó el PSNI en el terreno, al hacer frente externamente a la administración de regulaciones cambiantes e internamente a la infección y el blindaje, habían requerido un cambio de postura; pero la adaptación había sido impresionante y los resultados y el control en general han sido alentadores''.
“La disminución de la actividad ha provocado una fuerte disminución de las detenciones en virtud de la legislación antiterrorista, en comparación con el año anterior, pero ha habido un aumento en la recuperación de municiones y explosivos''.
"Los eventos de marchas tradicionales, siguiendo los consejos de los líderes y los llamamientos públicos, se redujeron drásticamente".
El informe dijo que durante el año financiero 2019/20, no se ejercieron los poderes de detención y registro bajo la Ley de Terrorismo de 2000.
Se registraron 179 locales bajo orden judicial, 128 personas fueron detenidas, 17 personas fueron acusadas de un total de 39 delitos, incluidos dos cargos de asesinato, un cargo de intento de asesinato, 15 cargos de delitos con armas de fuego, ocho cargos de delitos de drogas y seis cargos relacionados con explosivos.
El informe dijo que en el período, un total de 26 personas fueron enjuiciadas por juicio sin jurado, 18 de las cuales fueron declaradas culpables de al menos un cargo.
Hubo un total de 14 personas condenadas en el Tribunal de la Corona en virtud de la Ley de Terrorismo de 2000.
La policía y los funcionarios de prisiones siguieron siendo considerados objetivos legítimos y aún deben afrontar riesgos inaceptables.
En los focos de la comunidad continuó la intimidación, y aunque las cifras de tiroteos y palizas paramilitares descendieron, sigue siendo preocupante”.
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