Agradecemos desde aquí a Jose León (lector habitual del blog) el envío del enlace.
Un juez de Belfast considera que la norma es "incompatible con los derechos humanos".
La noticia la desarrolla El País (sin editar) de la siguiente manera; La restrictiva legislación sobre el aborto en Irlanda del Norte es “incompatible con los derechos humanos” de las mujeres y adolescentes víctimas de una violación o de incesto, y de aquellas en cuyo periodo de gestación se detecta una malformación del feto. Así lo acaba de dictaminar el Alto Tribunal de Belfast en una sentencia que divide a la sociedad de esta provincia autónoma del Reino Unido y que ha caído como una bomba en el ámbito político. A diferencia del resto del territorio británico, la norma sólo permite la interrupción del embarazo a las norilandesas en el caso de que su salud física o mental esté en grave riesgo.
El fallo emitido este lunes por el juez Horner ha sido jaleado como “histórico” por la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte (NIHRC, en sus siglas inglesas), que junto a otras organizaciones y ciudadanos a título individual plantearon al alto tribunal, el pasado junio, una ampliación de los supuestos legales para practicar el aborto. El fiscal general de la provincia, John Larkin, se ha declarado en cambio “decepcionado” por una sentencia que está considerando recurrir, aunque todavía no ha dado ese paso.
La cuestión es tremendamente espinosa en una sociedad muy conservadora, donde la oposición al derecho al aborto trasciende a la tradicional rivalidad entre las comunidades protestante y católica y está presente en el grueso de partidos del espectro político. Irlanda del Norte mantiene vigente una ley del siglo XIX que contempla sentencias de prisión para las mujeres que aborten fuera del supuesto de grave riesgo para la salud de la madre, y que también penaliza a los miembros del equipo médico que la asistan. En el resto del Reino Unido, la sanidad pública ampara a las mujeres que deseen abortar hasta las 24 semanas de embarazo, pero esa legislación de 1967 no rige en el Ulster, y un dictácmen del Tribunal Superior de Londres, en mayo del año pasado, avaló que así siguiera siendo en la provincia autónoma.
La realidad que afrontan los grupos partidarios de reformar la legislación norilandesa es la de al menos un millar de mujeres y adolescentes que cada año viajan a otros lugares del Reino Unido para interrumpir su embarazo. Dado que la propia justicia británica les ha negado la cobertura sanitaria a tal efecto, ellas mismas deben costearse el traslado y la intervención. El caso de Sarah Ewart –una de las firmantes de la demanda ante el Alto Tribunal de Belfast- cobró revelancia pública hace dos años cuando esta mujer, que estaba en su vigésima semana de embarazo, tuvo que desplazarse a Inglaterra para abortar, después de que los médicos detectaran una malformación en el cerebro del feto. Ella se decidió a relatar su historia públicamente.
Del estigma de Ewart, o de las otras 60.000 mujeres que desde 1970, según datos de Amnistía Internacional, han viajado en secreto desde el Ulster a otras localizaciones británicas para abortar, puede leerse entre líneas en la sentencia del juez Horner. El magistrado alude indirectamente a la falta de voluntad de la clase política para encarar la cuestión y sugiere que la convocatoria de un referéndum permitiría conocer qué piensa realmente la sociedad de Irlanda del Norte sobre la necesidad de impulsar una reforma.
Un juez de Belfast considera que la norma es "incompatible con los derechos humanos".
El fallo emitido este lunes por el juez Horner ha sido jaleado como “histórico” por la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte (NIHRC, en sus siglas inglesas), que junto a otras organizaciones y ciudadanos a título individual plantearon al alto tribunal, el pasado junio, una ampliación de los supuestos legales para practicar el aborto. El fiscal general de la provincia, John Larkin, se ha declarado en cambio “decepcionado” por una sentencia que está considerando recurrir, aunque todavía no ha dado ese paso.
La cuestión es tremendamente espinosa en una sociedad muy conservadora, donde la oposición al derecho al aborto trasciende a la tradicional rivalidad entre las comunidades protestante y católica y está presente en el grueso de partidos del espectro político. Irlanda del Norte mantiene vigente una ley del siglo XIX que contempla sentencias de prisión para las mujeres que aborten fuera del supuesto de grave riesgo para la salud de la madre, y que también penaliza a los miembros del equipo médico que la asistan. En el resto del Reino Unido, la sanidad pública ampara a las mujeres que deseen abortar hasta las 24 semanas de embarazo, pero esa legislación de 1967 no rige en el Ulster, y un dictácmen del Tribunal Superior de Londres, en mayo del año pasado, avaló que así siguiera siendo en la provincia autónoma.
La realidad que afrontan los grupos partidarios de reformar la legislación norilandesa es la de al menos un millar de mujeres y adolescentes que cada año viajan a otros lugares del Reino Unido para interrumpir su embarazo. Dado que la propia justicia británica les ha negado la cobertura sanitaria a tal efecto, ellas mismas deben costearse el traslado y la intervención. El caso de Sarah Ewart –una de las firmantes de la demanda ante el Alto Tribunal de Belfast- cobró revelancia pública hace dos años cuando esta mujer, que estaba en su vigésima semana de embarazo, tuvo que desplazarse a Inglaterra para abortar, después de que los médicos detectaran una malformación en el cerebro del feto. Ella se decidió a relatar su historia públicamente.
Del estigma de Ewart, o de las otras 60.000 mujeres que desde 1970, según datos de Amnistía Internacional, han viajado en secreto desde el Ulster a otras localizaciones británicas para abortar, puede leerse entre líneas en la sentencia del juez Horner. El magistrado alude indirectamente a la falta de voluntad de la clase política para encarar la cuestión y sugiere que la convocatoria de un referéndum permitiría conocer qué piensa realmente la sociedad de Irlanda del Norte sobre la necesidad de impulsar una reforma.
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