¡No los entreguéis!
Dos jóvenes de Dublín, Seán Farrell y Ciarán Maguire, se enfrentan actualmente a la extradición a los Seis Condados como consecuencia de una orden de detención europea extendida por el PSNI en marzo de 2017.
Si su solicitud es exitosa, Seán y Ciarán se enfrentarán a un juicio y una pena de prisión potencialmente prolongada en la famosa prisión de Maghaberry (en el Condado de Antrim), donde los presos republicanos han sido sometidos durante muchos años a registros forzados, palizas sistemáticas y donde se les mantuvo en aislamiento por períodos prolongados.
Los acontecimientos de las últimas semanas en relación con la violencia del Estado británico y la colusión en Irlanda también han demostrado ampliamente que nunca ha habido un "nuevo comienzo" en asuntos policiales y de justicia en los Seis Condados.
Dada la larga historia de violaciones a los derechos humanos del estado británico y sus continuos intentos de encubrir su papel de conspiración con escuadrones de la muerte lealistas en los asesinatos de cientos de nacionalistas, sería una farsa judicial extraditar a un republicano para que se enfrente al llamado " sistema de justicia”.
Participación y encubrimiento
Los primeros meses de 2019 han sido salpicados con ejemplos del papel del estado británico en el asesinato y el encubrimiento en Irlanda, y la medida en que está preparado para negar la verdad y la justicia. A principios de febrero, se reveló que el PSNI no había entregado al Defensor del Pueblo todos los archivos relevantes relacionados con la masacre de 1992 en las casas de apuestas de Seán Graham en la calle Ormeau de Belfast.
El Ombudsman (defensor del pueblo) originalmente hizo una solicitud al PSNI en 2014 para todos los archivos relacionados con los asesinatos de los cinco hombres (incluido un niño de 15 años) en ese ataque de la UFF (grupo lealista). Sin embargo, retuvo archivos relacionados con la actividad policial encubierta cuando respondió a la solicitud del Defensor del Pueblo para una mayor divulgación de los archivos en agosto de 2018. Las familias de los fallecidos siempre han creído que había implicación de la policía en el ataque.
Apenas una semana después de esta revelación, la gobernanta directa británica Karen Bradley ilustró a la perfección la mentalidad imperial del establishment británico y cómo ve las acciones asesinas de sus militares en Irlanda. Respondiendo a una pregunta de la diputada del DUP Emma Little Pengelly durante un debate en la Cámara de los Comunes británica sobre el Acuerdo de Stormont y lo que se denominan problemas de legado, Bradley dijo:
“La señora expone las cifras muy poderosamente: más del 90% de los asesinatos durante los troubles (época de enfrentamientos en Irlanda del Norte) fueron a manos de terroristas. Cada uno de esos era un crimen. Pero el menos del 10% que estaban en manos de los militares y la policía no eran delitos; eran personas que actuaban bajo órdenes e instrucciones, cumpliendo con sus deberes de una manera digna y apropiada.”
Domingo sangriento en Derry, la masacre de Ballymurphy, décadas de connivencia británicos con escuadrones de la muerte lealistas, los niños asesinados por balas de plástico, disparar a matar: se considera que todas son acciones de una fuerza militar que actúa de manera "digna y apropiada".
Bradley sonaba como un señor colonial de mediados del siglo XIX que observaba a una aldea que sus tropas acababan de masacrar al informar a los "nativos" supervivientes que debían estar agradecidos por la paz y la civilización que el Imperio había traído a su tierra.
No es sorprendente que, apenas una semana después de los comentarios de Bradley, el Servicio de Procesamiento de la Corona Británica revelara que continuaría con un proceso judicial contra un solo miembro del Regimiento de Paracaídistass Británico responsable de la masacre de catorce civiles el domingo sangriento.
Tras una investigación policial, se enviaron al Servicio de Fiscalía de la Corona archivos de un total de dieciocho soldados británicos pero decidieron que existían pruebas suficientes contra solo uno, el "Soldado F", como se lo conoce, quién ha sido acusado del asesinato de Jim Wray y William McKinney y de cuatro intentos de asesinato.
Los comentarios del secretario de Defensa británico, Gavin Williamson, después del anuncio de que "estamos en deuda con los soldados que sirvieron con coraje y distinción para llevar la paz a Irlanda del Norte" ilustraron nuevamente la perversa noción de justicia del estado británico. Las víctimas civiles parecen ser una forma de justicia muy británica.
Tumbas inquietas
La escena inicial de la apasionante nueva película-documental de Seán Murray, “Unquiet Graves” (2019), que se presentó ante audiencias repletas en todo el país, muestra a dos jóvenes de Derry, Colm McCartney y Seán Farmer, que regresaron a casa en una brillante tarde de agosto de 1975, después de haber pasado una agradable tarde en Croke Park después de presenciar La semifinal de futbol Irlandés entre Dublin y Derry All.
El ánimo despreocupado de los hombres se oscurece rápidamente cuando su automóvil se aproxima a un punto de control militar en el pueblo de Altnamachin, en el sur del Condado de Armagh. A los pocos minutos, ambos hombres yacen muertos al costado de la carretera: Seán Farmer recibió seis disparos y Colm McCartney cuatro, mientras intentaba escapar tras los disparos contra su amigo.
Los responsables del asesinato de los dos hombres de Derry eran un grupo de hombres del UDR (regimiento de infantería) y la RUC (Policía del norte de Irlanda) que, actuando junto a otros miembros de la UVF (terroristas lealistas), formaron “la banda de Glenanne”. Esta notoria pandilla operó con impunidad en la zona central del Ulster, conocida como el Triángulo del Asesinato, y fue responsable de aproximadamente 120 asesinatos entre 1972 y 1978, incluidos los atentados de Dublín y Monaghan.
El cabo de la UDR, Robert McConnell, fue uno de los responsables de los asesinatos de Colm McCartney y Seán Farmer, así como muchos otros asesinatos en esa área. Fue asesinado a tiros por el IRA en 1976.
En su funeral, se lo describió como un hombre que había trabajado "sin cesar por la paz". Claramente, Karen Bradley y Gavin Williamson simplemente estaban repitiendo una creencia generalizada en el establishment británico según el cual, sus tropas, independientemente de sus acciones asesinas, son "hombres de paz."
Prisión de Maghaberry
Cien años después del comienzo de la "Guerra de la Independencia", el pueblo de Irlanda sigue viviendo con la realidad y el legado del imperialismo británico. Actualmente, los tribunales irlandeses se están preparando para extraditar a dos jóvenes de Dublín, Seán Farrell y Ciarán Maguire, para que enfrenten esta forma perversa de justicia británica.
Seán y Ciarán fueron arrestados en marzo de 2017 como consecuencia de una orden de detención europea emitida por el PSNI. Actualmente están recurriendo esa orden en el Tribunal Superior. En caso de proceder con la extradición, serán encarcelados en la prisión de Maghaberry.
En 2015, el inspector de Prisiones de Inglaterra y Gales describió a Maghaberry como "insegura e inestable" y como una de las prisiones más peligrosas que haya visitado su inspector jefe Nick Hardwick. Ha habido numerosos casos de maltrato a prisioneros republicanos, incluyendo registros forzados, aislamiento forzado y asociación restringida.
Los prisioneros republicanos que se resisten a los registros forzados han sido atacados por guardias de prisiones. Hace poco, el pasado mes de julio, cinco prisioneros republicanos fueron golpeados brutalmente por el escuadrón antidisturbios de la prisión y arrastrados a aislamiento, por oponerse a la presencia en su ala de un guardia de la prisiónes, que previamente había protagonizado ”comportamiento sectario”.
Un ex dirigente sindical, Peter Bunting, que negoció un acuerdo entre los presos republicanos y el régimen penitenciario en 2010 (del que el régimen penitenciario renegó después), comentó en 2016 que entre los guardias de la prisión había una "actitud sectaria y de interferencia política" hacia los presos republicanos.
También comentó que los cacheos con desnudo integral eran una "herramienta para reprimir a las personas" que se llevaba a cabo en el ala republicana de la prisión. A los presos también se les niega el acceso a instalaciones educativas, incluidos los recursos en idioma irlandés.
El Ayuntamiento de Dublín dice: "Sin extradición"
En noviembre pasado, el Ayuntamiento de Dublín aprobó una moción, presentada por el concejal independiente Cieran Perry y apoyada por todos los partidos políticos representados en la autoridad local, objetando la extradición de presos políticos a Maghaberry.
La moción declaró que "el inicio de Brexit en marzo de 2019 perjudicará a los presos políticos que hayan sido extraditados bajo los marcos de la Orden de Detención Europea, ya no disfrutarán de los derechos que se aplican a los ciudadanos de la UE, incluidos los procesos de apelación de sentencias de la UE". También hacía referencia a las condiciones inhumanas que se viven en la prisión de Maghaberry. Una moción similar fue aprobada por el Consejo del Condado de Cork.
Si bien la actual debacle del Brexit que se está desarrollando en la Cámara de los Comunes británica tiene elementos de farsa, para quienes enfrentan la extradición a las garras del estado británico, existen temas de gran preocupación relacionados con la protección de los derechos humanos.
El gobierno británico en su Acuerdo de retirada de la UE ha dejado claro que no estará vinculado por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que en última instancia pone en tela de juicio su compromiso a largo plazo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Uno de los primeros casos presentados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establecido en virtud de la Convención fue el caso del Estado irlandés contra Gran Bretaña por la tortura a presos encapuchados, por parte de funcionarios. El Tribunal determinó que los hombres habían sido sometidos a tratos inhumanos y degradantes.
Durante las dos primeras décadas de la guerra en los Seis Condados, el gobierno de Dublín rechazó las solicitudes de extradición de Gran Bretaña por delitos políticos. La jurisprudencia a este respecto se rige por la Ley de extradición de 1965, cuyo artículo 11 establece: "La extradición no se concederá por un delito que sea un delito político o un delito relacionado con un delito político".
Al presentar el Proyecto de Ley de Extradición en Leinster House (parlamento irlandés) en enero de 1964, el entonces Ministro de Justicia Charles Haughey declaró:
“Después de una revisión del acuerdo en relación con la promoción del presente proyecto de ley, el gobierno decidió que debería modificarse en varios aspectos, en particular mediante la introducción de salvaguardias comunes a la práctica internacional de extradición.
En consecuencia, se ha previsto que se prohíba la entrega de personas acusadas de delitos políticos, delitos relacionados con tales delitos, delitos puramente militares o delitos de ingresos y en los casos en que existan razones sustanciales para creer que las personas afectadas serán en realidad procesadas, por delitos políticos o delitos relacionados con ellos o por delitos puramente militares".
Rechazar la extradición por delitos políticos fue un principio político y legal que se mantuvo durante mucho tiempo y se mantuvo en la posición del gobierno de Dublín durante las siguientes dos décadas hasta que se introdujeron modificaciones a la Ley en 1986, que entró en vigor el año siguiente. Estos cambios se introdujeron después de que el gobierno de Dublín capituló ante la presión del gobierno británico tras la firma del Acuerdo Anglo Irlandés de 1985.
Dada la historia del estado británico, podemos estar seguros de que su salida de la UE no mejorará en modo alguno los derechos individuales. A lo largo de todo el fiasco del Brexit, ha habido una ausencia de debate sobre cuestiones de justicia y derechos humanos.
En medio de la incertidumbre en torno a cómo Gran Bretaña pretende defender los derechos humanos básicos y los acontecimientos recientes relacionados con su papel en el asesinato y el terror del Estado en Irlanda y las terribles condiciones que sufren los presos republicanos en Maghaberry, la extradición de Seán Farrell y Ciarán Maguire para responder ante un tribunal británico sería una burla a la justicia.
El Tribunal Superior debe rechazar las solicitudes de extradición de PSNI.
-Stewart Redding-
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