Brexit significa Brexit, según le gusta decir a la primera ministra británica. Theresa May. Pero a medida que avanza la negociación está más claro que la traducción de la salida del Reino Unido de la Unión Europea provoca interpretaciones muy distintas a ambos lados del Canal de La Mancha. Tras casi un año de conversaciones, Londres sigue en la indefinición: no termina de dejar clara su postura en muchos de los asuntos fundamentales de ese divorcio, el primero en las más de seis décadas de historia de la UE. Y la Unión ha desvelado hoy miércoles una pieza fundamental de su posición: el primer borrador legal del acuerdo de salida del Reino Unido, con 169 artículos y 120 páginas para abrir boca. El negociador jefe de la Unión, Michel Barnier, ha explicado que hay "diferencias enormes, excesivas" en asuntos relacionados con el periodo transitorio —entre el divorcio y la firma de un nuevo marco de relación— y los derechos de la ciudadanía. Pero ese borrador incluye sobre todo una hipótesis que levanta ampollas en Reino Unido: un protocolo sobre Irlanda del Norte que deja a ese territorio dentro de la unión aduanera, con total alineación regulatoria y bajo el control del Tribunal de Justicia de la UE, si no emerge otra fórmula factible.
Irlanda del Norte
es a día de hoy la principal fuente de problemas, hasta el punto de que
puede hacer descarrilar las negociaciones y provocar una crisis de
Gobierno en Londres. Barnier ha dejado claro que no busca "provocar" a
los británicos. Pero con esa propuesta para Irlanda del Norte
—territorio británico fronterizo con la República de Irlanda—, que
persigue evitar la denominada "frontera dura" en la isla verde, Barnier
puede haber rebasado varias líneas rojas británicas. "La zona común",
dice el borrador", "debe consistir en una zona sin fronteras internas en
la que se garantiza la libre circulación de mercancías y se protege la
cooperación Norte-Sur".
En plata: la propuesta europea consiste en dejar Irlanda del
Norte dentro de la unión aduanera, para desespero de los partidarios de
un Brexit duro. Sobre todo porque eso exige seguir bajo el paraguas de
los tribunales europeos, y cumplir a rajatabla toda la normativa de la
UE. Bruselas quiere "alineamiento regulatorio" para que sea posible, un
eufemismo que esconde una realidad durísima para los partidarios del
Brexit duro: hay que respetar toda la regulación europea fitosanitaria,
medioambiental, pesquera, eléctrica, de ayudas de Estado y otros ámbitos
clave.
La primera ministra británica ha tardado poco en rechazar frontalmente la propuesta de la UE para evitar una frontera física en Irlanda. Para Theresa May, la idea de Bruselas de crear una “zona regulatoria común en la isla”, como última opción si no se encuentra otra solución, amenaza nada menos que “la integridad constitucional” de Reino Unido. Así lo ha dicho en la sesión semanal de preguntas parlamentarias a la primera ministra, en la que ha asegurado que “ningún primer ministro británico podría nunca estar de acuerdo” con eso.
May ha anunciado que expresará a la Comisión Europea su oposición a la propuesta de manera “tan clara como el agua”. “El borrador que ha publicado la Comisión, de implementarse, socavaría el mercado común de Reino Unido y amenazaría la integridad constitucional del país creando una frontera, regulatoria y aduanera, en el mar de Irlanda. Y ningún primer ministro británico podría nunca estar de acuerdo con eso”, ha explicado May, a preguntas de un diputado del DUP, el partido unionista norirlandés.
El papel de esa formación, precisamente, es clave para explicar el rechazo frontal de la primera ministra a la propuesta de Bruselas. Tras perder la mayoría absoluta en las elecciones de junio, fue un pacto con el DUP, que obtuvo en junio diez diputados en Westminster, el que permitió a May sumar una exigua pero suficiente mayoría para gobernar. Y los unionistas rechazan cualquier solución que suponga un trato diferente al del resto del país para Irlanda del Norte.
La postura del DUP en el Brexit es, cuando menos, complicada. Son el partido más votado en Irlanda del Norte. Apoyaron el Brexit, pero el 56% de los norirlandeses votó por la permanencia. No quieren que vuelva a haber una frontera física entre Irlanda del Norte y la república de Irlanda —eso es algo de lo que nadie quiere oír hablar en la isla—, pero ni ellos ni nadie, hasta la fecha, han explicado cómo podría evitarse esta sin un alineamiento regulatorio entre las dos partes de la isla.
El líder del DUP en el Parlamento británico, Nigel Dodds, ya dejó claro, poco antes de la intervención de la primera ministra, su postura ante el documento de Bruselas. "No abandonamos la Unión Europea para contemplar la ruptura de Reino Unido", dijo. También Arlene Foster, la líder del partido, ha expresado su rotundo rechazo a una propuesta que, según ha dicho en Twitter, "sería económicamente catastrófica para Irlanda del Norte".
Barnier ha protagonizado una comparecencia en la que ha subrayado la "calma y el pragmatismo" de la posición europea. Tras recordar que el propio Reino Unido estampó su firma a estas condiciones en el acuerdo de divorcio sellado el pasado diciembre, el negociador europeo ha reclamado a los británicos que presenten propuestas de una vez, y ha dejado claro que el pacto de transición "está lejos". "El tiempo se echa encima", ha repetido: ese borrador tiene que discutirse ahora con los Veintisiete socios de la UE y con el Parlamento Europeo. Reino Unido dejará la Unión el 30 de marzo de 2019, en apenas 13 meses. Y en ese momento debería entrar en vigor un acuerdo de transición hasta finales de 2020. "Si queremos cerrar con éxito la negociación hay que acelerar, pero aún no hemos visto las propuestas británicas en capítulos esenciales", ha criticado. Y ha puesto dos ejemplos que para Europa son innegociables. Uno: Londres quiere que los derechos de los ciudadanos que los soliciten durante el periodo transitorio sean inferiores a los de los europeos que hayan llegado a suelo británico antes de marzo de 2019; Bruselas reclama "igualdad de trato". Y dos: el Gobierno británico insiste en que se le reconozca el derecho a oponerse a las nuevas leyes europeas que entren en vigor durante el régimen transitorio; Bruselas rechaza de plano esa posibilidad para evitar divergencias reglamentarias que pondrían en jaque el mercado único.
De Londres solo llegan señales de alarma. Los laboristas de Jeremy Corbyn dejan a May en una situación muy delicada después de haber abrazado, finalmente, la posibilidad de una unión aduanera. La fragilidad de May, atacada desde el franco de los partidarios del Brexit duro y desde el bando contrario, es evidente. La puntilla es la explosiva situación que provoca la propuesta europea sobre Irlanda del Norte, que según los británicos —y su ruidosa prensa— atenta contra "la integridad territorial, constitucional y económica del Reino Unido". Frente a todo ese ruido, Barnier sigue impasible: "A nadie le pueden sorprender las propuestas europeas; son la traducción jurídica de todo lo que hemos negociado y de nuestras posiciones, que son de sobra conocidas", ha dicho ante la prensa. La respuesta británica llegará el viernes, en un esperadísimo discurso de May.
La primera ministra británica ha tardado poco en rechazar frontalmente la propuesta de la UE para evitar una frontera física en Irlanda. Para Theresa May, la idea de Bruselas de crear una “zona regulatoria común en la isla”, como última opción si no se encuentra otra solución, amenaza nada menos que “la integridad constitucional” de Reino Unido. Así lo ha dicho en la sesión semanal de preguntas parlamentarias a la primera ministra, en la que ha asegurado que “ningún primer ministro británico podría nunca estar de acuerdo” con eso.
May ha anunciado que expresará a la Comisión Europea su oposición a la propuesta de manera “tan clara como el agua”. “El borrador que ha publicado la Comisión, de implementarse, socavaría el mercado común de Reino Unido y amenazaría la integridad constitucional del país creando una frontera, regulatoria y aduanera, en el mar de Irlanda. Y ningún primer ministro británico podría nunca estar de acuerdo con eso”, ha explicado May, a preguntas de un diputado del DUP, el partido unionista norirlandés.
El papel de esa formación, precisamente, es clave para explicar el rechazo frontal de la primera ministra a la propuesta de Bruselas. Tras perder la mayoría absoluta en las elecciones de junio, fue un pacto con el DUP, que obtuvo en junio diez diputados en Westminster, el que permitió a May sumar una exigua pero suficiente mayoría para gobernar. Y los unionistas rechazan cualquier solución que suponga un trato diferente al del resto del país para Irlanda del Norte.
La postura del DUP en el Brexit es, cuando menos, complicada. Son el partido más votado en Irlanda del Norte. Apoyaron el Brexit, pero el 56% de los norirlandeses votó por la permanencia. No quieren que vuelva a haber una frontera física entre Irlanda del Norte y la república de Irlanda —eso es algo de lo que nadie quiere oír hablar en la isla—, pero ni ellos ni nadie, hasta la fecha, han explicado cómo podría evitarse esta sin un alineamiento regulatorio entre las dos partes de la isla.
El líder del DUP en el Parlamento británico, Nigel Dodds, ya dejó claro, poco antes de la intervención de la primera ministra, su postura ante el documento de Bruselas. "No abandonamos la Unión Europea para contemplar la ruptura de Reino Unido", dijo. También Arlene Foster, la líder del partido, ha expresado su rotundo rechazo a una propuesta que, según ha dicho en Twitter, "sería económicamente catastrófica para Irlanda del Norte".
Barnier ha protagonizado una comparecencia en la que ha subrayado la "calma y el pragmatismo" de la posición europea. Tras recordar que el propio Reino Unido estampó su firma a estas condiciones en el acuerdo de divorcio sellado el pasado diciembre, el negociador europeo ha reclamado a los británicos que presenten propuestas de una vez, y ha dejado claro que el pacto de transición "está lejos". "El tiempo se echa encima", ha repetido: ese borrador tiene que discutirse ahora con los Veintisiete socios de la UE y con el Parlamento Europeo. Reino Unido dejará la Unión el 30 de marzo de 2019, en apenas 13 meses. Y en ese momento debería entrar en vigor un acuerdo de transición hasta finales de 2020. "Si queremos cerrar con éxito la negociación hay que acelerar, pero aún no hemos visto las propuestas británicas en capítulos esenciales", ha criticado. Y ha puesto dos ejemplos que para Europa son innegociables. Uno: Londres quiere que los derechos de los ciudadanos que los soliciten durante el periodo transitorio sean inferiores a los de los europeos que hayan llegado a suelo británico antes de marzo de 2019; Bruselas reclama "igualdad de trato". Y dos: el Gobierno británico insiste en que se le reconozca el derecho a oponerse a las nuevas leyes europeas que entren en vigor durante el régimen transitorio; Bruselas rechaza de plano esa posibilidad para evitar divergencias reglamentarias que pondrían en jaque el mercado único.
De Londres solo llegan señales de alarma. Los laboristas de Jeremy Corbyn dejan a May en una situación muy delicada después de haber abrazado, finalmente, la posibilidad de una unión aduanera. La fragilidad de May, atacada desde el franco de los partidarios del Brexit duro y desde el bando contrario, es evidente. La puntilla es la explosiva situación que provoca la propuesta europea sobre Irlanda del Norte, que según los británicos —y su ruidosa prensa— atenta contra "la integridad territorial, constitucional y económica del Reino Unido". Frente a todo ese ruido, Barnier sigue impasible: "A nadie le pueden sorprender las propuestas europeas; son la traducción jurídica de todo lo que hemos negociado y de nuestras posiciones, que son de sobra conocidas", ha dicho ante la prensa. La respuesta británica llegará el viernes, en un esperadísimo discurso de May.
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