Durante la última década, el Estado español ha llevado a cabo una implacable campaña de represión contra los separatistas vascos, prohibiendo partidos políticos y grupos juveniles, cerrando centros sociales y deteniendo a sus representantes legales.
Uno de los aspectos más drásticos de esta represión ha sido la criminalización de los actos de solidaridad con los presos políticos, incluyendo la exhibición pública de fotos de los activistas y la organización de eventos Ongi Etorri.
En Berango, el 22 de febrero, se celebró una rueda de prensa para presentar el caso de dieciséis acusados de "enaltecimiento del terrorismo" únicamente por participar en un evento Ongi Etorri celebrado hace cuatro años en la localidad. El evento se celebró para dar la bienvenida a un preso político vasco local, Ibai Aginaga.
El juicio se celebrará durante tres semanas en junio en Madrid y los acusados podrían enfrentarse a diversas penas, como prisión, inhabilitación prolongada para trabajar en el sector público y multas cuantiosas.
Durante décadas, las fuerzas policiales españolas, desde la Guardia Civil y la Policía Nacional hasta la Ertzaintza, han perseguido sistemáticamente a los activistas vascos.
El poder judicial español también ha manipulado los principios de la justicia para socavar la lucha por la independencia nacional y el socialismo.
A pesar de la represión ejercida, la vibrante cultura de resistencia que caracteriza la lucha de liberación nacional en Euskal Herria ha perdurado.
Las concentraciones públicas, conciertos y manifestaciones organizadas para mostrar solidaridad con los acusados de Berango dan fe de ello.
Euskal Herria Askatu
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