No ha pasado ni un año del cierre del acuerdo entre la UE y Reino Unido para la relación futura entre ambos tras el Brexit, y no ha pasado ni un día sin que continúen las negociaciones. Esta semana, Londres y Bruselas volvieron a sentarse a la mesa. Primero, Durante el pasado martes y miércoles, para iniciar las discusiones sobre el futuro acuerdo sobre el estatus de Gibraltar, que España vigila con atención. La primera toma de contacto, a nivel técnico, apenas sirvió para que ambas partes expusieran su posición de partida pero las negociaciones, augura una fuente europea, serán largas. De momento, Comisión y gobierno británico continuarán las discusiones en noviembre y diciembre.
Pero el tema clave de esta semana ha vuelto a ser la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda, el único tránsito terrestre entre suelo británico y europeo, y un punto estratégico. Bruselas ha tratado de limar asperezas con Londres después de que el gobierno de Boris Johnson amenazara con tirar por la borda el llamado protocolo para Irlanda del Norte.
La propuesta que el vicepresidente de la Comisión al cargo de la negociación, Maros Sefcovic, presentó el pasado miércoles aspira a reducir los controles a un 80% de los productos que transitan la frontera camino de los supermercados del norte, y simplificar el papeleo aduanero con el objetivo de facilitar el flujo comercial. Esto preocupa a los estados miembros, particularmente a Francia, porque abre la puerta eventualmente al contrabando y a que lleguen al mercado europeo productos que no cumplen con las normas y los controles fitosanitarios del mercado único, poniendo en peligro a la industria agrícola del continente.
Bruselas pide a Londres que comparta información aduanera, construya las infraestructuras necesarias para realizar los controles de los productos, aumente la vigilancia, mejore el etiquetado de los productos y se asegure de aquellos que transitan hacia Irlanda del Norte se quedan en territorio británico. El principal obstáculo, que no es nuevo, es que sigue siendo el Tribunal de Justicia de la UE quien se encarga de dirimir en caso de que se de una violación del acuerdo. Algo que los británicos rechazan de plan y para los que Bruselas no plantea, ni se le espera, alternativas.
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