La ministra principal, Michelle O'Neill, ha rechazado la petición del Partido Unionista Democrático (DUP) de que dimita debido a su papel en las protestas contra el desfile de Drumcree.
La vicepresidenta de Sinn Féin fue calificada de "ministra principal de la ilegalidad" mientras los unionistas criticaban las manifestaciones en Garvaghy Road.
La policía investiga las protestas ''ilegales'' que impidieron el paso de una marcha de la Orden de Orange por esta calle de mayoría nacionalista en Portadown, condado de Armagh.
Al responder a preguntas en la Asamblea de Stormont, O'Neill se declaró "orgullosa" de apoyar a los residentes y aseguró que "seguirá apoyándolos".
Calificó la marcha de la Orden de Orange prevista para el 27 de septiembre como "indeseada, sectaria y triunfalista".
Timothy Gaston, miembro de la Asamblea por el partido unionista TUV, acusó a O'Neill de ser la "ministra principal de la ilegalidad" debido a su papel en las protestas callejeras. O'Neill replicó: "Soy la ministra principal de lo que es correcto".
Añadió que "no necesitaremos usar inteligencia artificial para eso", en referencia a un concejal de la TUV que publicó en internet una imagen generada por IA que exageraba el tamaño de una concentración lealista en Portadown.
Jonathan Buckley, miembro de la Asamblea por el DUP, cuestionó si O'Neill "aceptaría y acataría la decisión legal de los tribunales" una vez que los jueces de apelación emitieran su fallo sobre la disputa en torno al desfile.
La ministra principal declaró que, "cuando la ley es injusta, me opondré firmemente a ella", y calificó la marcha prevista como "moralmente incorrecta". Más tarde, O'Neill recriminó a los miembros de la Asamblea del DUP diciéndoles "debería darles vergüenza" por la forma en que su partido ha gestionado la disputa de Drumcree.
"Su partido ha impulsado esto", dijo dirigiéndose a los miembros del DUP sentados en los escaños de enfrente.
O'Neill rechazó categóricamente la afirmación de Jon Burrows, líder del Partido Unionista de Ulster (UUP), de que muchas personas consideraban ahora a la ministra principal como alguien "moralmente en bancarrota".
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