Brexit significa Brexit, según le gusta decir a la primera
ministra británica. Theresa May. Pero a medida que avanza la negociación
está más claro que la traducción de la salida del Reino Unido de la
Unión Europea provoca interpretaciones muy distintas a ambos lados del
Canal de La Mancha. Tras casi un año de conversaciones,
no termina de dejar clara su postura en muchos de los asuntos
fundamentales de ese divorcio, el primero en las más de seis décadas de
historia de la UE. Y la Unión ha desvelado hoy miércoles una pieza
fundamental de su posición: el primer borrador legal del acuerdo de
salida del Reino Unido, con 169 artículos y 120 páginas para abrir boca.
El negociador jefe de la Unión, Michel Barnier, ha explicado que hay
"diferencias enormes, excesivas" en asuntos relacionados con el periodo
transitorio —entre el divorcio y la firma de un nuevo marco de relación—
y los derechos de la ciudadanía. Pero ese borrador incluye sobre todo
una hipótesis que levanta ampollas en Reino Unido: un protocolo sobre
Irlanda del Norte que deja a ese territorio
con total alineación regulatoria y bajo el control del Tribunal de Justicia de la UE, si no emerge otra fórmula factible.
Irlanda del Norte
es a día de hoy la principal fuente de problemas, hasta el punto de que
puede hacer descarrilar las negociaciones y provocar una crisis de
Gobierno en Londres. Barnier ha dejado claro que no busca "provocar" a
los británicos. Pero con esa propuesta para Irlanda del Norte
—territorio británico fronterizo con la República de Irlanda—, que
persigue evitar la denominada "frontera dura" en la isla verde, Barnier
puede haber rebasado varias líneas rojas británicas. "La zona común",
dice el borrador", "debe consistir en una zona sin fronteras internas en
la que se garantiza la libre circulación de mercancías y se protege la
cooperación Norte-Sur".
En plata: la propuesta europea consiste en dejar Irlanda del
Norte dentro de la unión aduanera, para desespero de los partidarios de
un Brexit duro. Sobre todo porque eso exige seguir bajo el paraguas de
los tribunales europeos, y cumplir a rajatabla toda la normativa de la
UE. Bruselas quiere "alineamiento regulatorio" para que sea posible, un
eufemismo que esconde una realidad durísima para los partidarios del
Brexit duro: hay que respetar toda la regulación europea fitosanitaria,
medioambiental, pesquera, eléctrica, de ayudas de Estado y otros ámbitos
clave.
La primera ministra británica ha tardado poco en rechazar
frontalmente la propuesta de la UE para evitar una frontera física en
Irlanda. Para Theresa May, la idea de Bruselas de crear una “zona
regulatoria común en la isla”, como última opción si no se encuentra
otra solución, amenaza nada menos que “la integridad constitucional” de
Reino Unido. Así lo ha dicho en la sesión semanal de preguntas
parlamentarias a la primera ministra, en la que ha asegurado que “ningún
primer ministro británico podría nunca estar de acuerdo” con eso.
May ha anunciado que expresará a la Comisión Europea su
oposición a la propuesta de manera “tan clara como el agua”. “El
borrador que ha publicado la Comisión, de implementarse, socavaría el
mercado común de Reino Unido y amenazaría la integridad constitucional
del país creando una frontera, regulatoria y aduanera, en el mar de
Irlanda. Y ningún primer ministro británico podría nunca estar de
acuerdo con eso”, ha explicado May, a preguntas de un diputado del DUP,
el partido unionista norirlandés.
El papel de esa formación, precisamente, es clave para
explicar el rechazo frontal de la primera ministra a la propuesta de
Bruselas. Tras perder la mayoría absoluta en las elecciones de junio,
fue un pacto con el DUP, que obtuvo en junio diez diputados en
Westminster, el que permitió a May sumar una exigua pero suficiente
mayoría para gobernar. Y los unionistas rechazan cualquier solución que
suponga un trato diferente al del resto del país para Irlanda del
Norte.
La postura del DUP en el Brexit es, cuando menos,
complicada. Son el partido más votado en Irlanda del Norte. Apoyaron el
Brexit, pero el 56% de los norirlandeses votó por la permanencia. No
quieren que vuelva a haber una frontera física entre Irlanda del Norte y
la república de Irlanda —eso es algo de lo que nadie quiere oír hablar
en la isla—, pero ni ellos ni nadie, hasta la fecha, han explicado cómo
podría evitarse esta sin un alineamiento regulatorio entre las dos
partes de la isla.
El líder del DUP en el Parlamento británico, Nigel Dodds, ya
dejó claro, poco antes de la intervención de la primera ministra, su
postura ante el documento de Bruselas. "No abandonamos la Unión Europea
para contemplar la ruptura de Reino Unido", dijo. También Arlene Foster,
la líder del partido, ha expresado su rotundo rechazo a una propuesta
que, según ha dicho en Twitter, "sería económicamente catastrófica para
Irlanda del Norte".
Barnier ha protagonizado una comparecencia en la que ha subrayado la "calma y el pragmatismo" de la posición europea.
Tras recordar que el propio Reino Unido estampó su firma a estas
condiciones en el acuerdo de divorcio sellado el pasado diciembre, el
negociador europeo ha reclamado a los británicos que presenten
propuestas de una vez, y ha dejado claro que el pacto de transición
"está lejos". "El tiempo se echa encima", ha repetido: ese borrador
tiene que discutirse ahora con los Veintisiete socios de la UE y con el
Parlamento Europeo. Reino Unido dejará la Unión el 30 de marzo de 2019,
en apenas 13 meses. Y en ese momento debería entrar en vigor un acuerdo
de transición hasta finales de 2020. "Si queremos cerrar con éxito la
negociación hay que acelerar, pero aún no hemos visto las propuestas
británicas en capítulos esenciales", ha criticado. Y ha puesto dos
ejemplos que para Europa son innegociables. Uno: Londres quiere que los
derechos de los ciudadanos que los soliciten durante el periodo
transitorio sean inferiores a los de los europeos que hayan llegado a
suelo británico antes de marzo de 2019; Bruselas reclama "igualdad de
trato". Y dos: el Gobierno británico insiste en que se le reconozca el
derecho a oponerse a las nuevas leyes europeas que entren en vigor
durante el régimen transitorio; Bruselas rechaza de plano esa
posibilidad para evitar divergencias reglamentarias que pondrían en
jaque el mercado único.
De Londres solo llegan señales de alarma.
Los laboristas de Jeremy Corbyn dejan a May en una situación muy delicada
después de haber abrazado, finalmente, la posibilidad de una unión
aduanera. La fragilidad de May, atacada desde el franco de los
partidarios del Brexit duro y desde el bando contrario, es evidente. La
puntilla es la explosiva situación que provoca la propuesta europea
sobre Irlanda del Norte, que según los británicos —y su ruidosa prensa—
atenta contra "la integridad territorial, constitucional y económica del
Reino Unido". Frente a todo ese ruido, Barnier sigue impasible: "A
nadie le pueden sorprender las propuestas europeas; son la traducción
jurídica de todo lo que hemos negociado y de nuestras posiciones, que
son de sobra conocidas", ha dicho ante la prensa. La respuesta británica
llegará el viernes, en un esperadísimo discurso de May.
