Tras la entrada en vigor del matrimonio igualitario en Escocia el pasado 31 de diciembre, Irlanda del Norte se ha convertido en el único territorio del Reino Unido donde el matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal. Los unionistas (partidarios de la pertenencia al Reino Unido y principalmente protestantes) han bloqueado reiteradamente todas las iniciativas legislativas que se han planteado al respecto por los nacionalistas (partidarios de la reunificación con la República de Irlanda y mayoritariamente católicos).
En mayo del pasado 2014 lo hicieron por tercera vez, con el rechazo de la moción para abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo presentada, entre otros, por los nacionalistas del Sinn Féin. Aunque la moción fue rechazada por 51 votos frente a 43, el Partido Unionista Democrático llegó a anunciar que activaría la cláusula que regula el funcionamiento de la Asamblea de Irlanda del Norte surgido de los acuerdos de paz de 1998 para temas sensibles. Ello obliga a que, independientemente del resultado global, para que una votación se considere positiva debe haber alcanzado la mayoría en cada uno de los dos bloques.
Con el frente parlamentario prácticamente cerrado a cualquier iniciativa favorable al matrimonio igualitario, parece que el único camino para que prospere la igualdad LGTB es la judicial. La primera demanda de este tipo, largamente esperada, ha sido presentada el pasado 13 de enero ante el Alto Tribunal de Belfast por una pareja formada por dos hombres, que en principio desean mantener el anonimato. Ambos contrajeron matrimonio en Inglaterra el pasado 2014, una vez que entró en vigor la ley que lo permitía. Sin embargo, al cambiar su residencia a Irlanda del Norte, su estado civil no fue reconocido por la administración de este territorio. Tan solo se les reconocía automáticamente como integrantes de una unión civil, estatus que en ningún caso fue solicitado por la pareja.
The Rainbow Project, un grupo de defensa de los derechos LGTB, forma parte del equipo legal de los demandantes. Su director, John O’Doherty, estima que la situación norirlandesa en este asunto es “irracional, contraria a los principios del derecho constitucional británico, e incompatible con la Convención Europea de Derechos Humanos”. O’Doherty sostiene con convicción que están “decididos a mantener nuestro criterio de que nadie puede estar casado en una parte del Reino Unido y no estar casado en otra. Una vez que una pareja está casada legalmente en el Reino Unido, mantenemos que su relación no puede ser reclasificada como una unión civil sin su consentimiento, que es exactamente lo que la ley hace actualmente. La legislación dice que las personas legalmente casadas ya no están casadas. Eso es inadmisible y no se puede permitir que prosiga”.
El Alto Tribunal de Belfast tendrá que dictaminar si, como arguyen los demandantes, el Reino Unido es un único Estado unitario con poderes administrativos delegados en las regiones, pero no una república federal, como es el caso de los Estados Unidos. Según este criterio, no es posible que una pareja esté considerada como casada en un territorio del Reino Unido y en otro no.
Los demandantes están preparados para un largo proceso, que estiman que puede prolongarse hasta dieciocho meses. También han declarado que, en el caso de que la corte norirlandesa no fuera favorable a sus argumentos, están decididos a llegar hasta el Tribunal Supremo del Reino Unido e incluso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
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