Para los republicanos, la cuestión central nunca ha sido simplemente el nombre, el uniforme o las insignias del cuerpo policial; siempre ha sido el papel que desempeña y la autoridad política a la que sirve.
A pesar de un cambio de imagen cuidadosamente orquestado y de un discurso centrado en la reforma, la función principal del cuerpo permanece inalterada: sostener, proteger y hacer cumplir el dominio y la ocupación británicos en Irlanda.
Las estructuras, la cultura y las prioridades operativas de la RUC no desaparecieron simplemente con un cambio de nombre.
Para quienes forman parte de las comunidades republicanas —y, en un sentido más amplio, de las comunidades nacionalistas—, la realidad de esta continuidad se experimenta a diario.
Las redadas en domicilios, los registros al amanecer, los controles policiales intrusivos, las detenciones arbitrarias, la vigilancia y el hostigamiento constante siguen siendo una constante en la vida de muchas personas.
Las familias y las comunidades continúan sufriendo las perturbaciones, la intimidación y la presión psicológica asociadas a una campaña permanente de control policial con fines políticos.
La presencia del PSNI en las comunidades republicanas se caracteriza, con demasiada frecuencia, no por ofrecer seguridad a la comunidad o prestar un servicio público, sino por intervenciones contundentes, labores de inteligencia y el señalamiento de individuos debido a sus convicciones políticas, sus relaciones o su participación en actividades políticas legítimas.
La relación entre el PSNI y el MI5 —el servicio de inteligencia británico— pone de manifiesto la continua integración de las funciones policiales y de inteligencia dentro del aparato de seguridad del Estado británico en Irlanda.
El papel central del MI5 en la seguridad nacional, la recopilación de inteligencia y la contrainsurgencia demuestra que, en este contexto, la labor policial no puede separarse de la estrategia de seguridad británica en su conjunto.
La persistente intervención del MI5 en la dirección y el condicionamiento de la política de seguridad, sumada a las operaciones del PSNI basadas en la inteligencia, plantea interrogantes fundamentales sobre la rendición de cuentas, la transparencia y hasta qué punto la labor policial sirve a los intereses de las comunidades locales, en lugar de a los objetivos estratégicos del Estado británico.
Veinticinco años después del cambio de nombre, las cifras plantean serios interrogantes sobre las afirmaciones de que el servicio policial ha experimentado una transformación.
Los sondeos indican que solo uno de cada cuatro católicos confía en el PSNI, mientras que casi la mitad no tiene ninguna confianza.
Asimismo, el hecho de que los católicos tengan el doble de probabilidades de ser detenidos que los protestantes pone de manifiesto las desigualdades profundamente arraigadas y la discriminación que siguen caracterizando la labor policial.
Tan solo en la última década, más de 370.000 personas han sido objeto de operaciones de detención y registro, siendo las comunidades nacionalistas las que sufren, de manera desproporcionada, el peso de estas prácticas intrusivas.
Mientras tanto, el mismo aparato policial y de seguridad británico sigue enfrentándose a graves acusaciones de proteger y facilitar la labor de los escuadrones de la muerte unionistas, de obstaculizar la búsqueda de justicia y de utilizar una legislación draconiana para ocultar el alcance de la connivencia del Estado británico y de los asesinatos patrocinados por el mismo.
Los republicanos llevan mucho tiempo sosteniendo que no es posible lograr un cambio real mediante un simple cambio de nombre, una modificación de la terminología o ejercicios de relaciones públicas. Tampoco se puede fabricar legitimidad a través de respaldos políticos o de demostraciones de acercamiento a la comunidad cuidadosamente orquestadas, mientras esas mismas comunidades siguen sufriendo una actuación policial intrusiva, discriminación y acoso sistemático.
Veinticinco años después, la pregunta fundamental sigue siendo: ¿a quién sirve, en última instancia, este cuerpo policial?
La respuesta es hoy tan clara como lo fue cuando la RUC cambió de nombre. Su función principal sigue siendo el mantenimiento del dominio británico en Irlanda y la imposición de un statu quo político determinado.
La comunidad republicana nunca aceptará la presencia policial británica en Irlanda. Esta postura no está sujeta a debate; es un principio político inamovible.
Saoradh mantiene una oposición firme a la actuación policial británica en Irlanda y seguirá cuestionando al PSNI, sus prácticas y, en general, a todo el aparato de seguridad británico en cada oportunidad.
Un cambio de nombre no borra la historia, no transforma el propósito de una institución ni le confiere legitimidad.
Puede que la RUC haya cambiado de nombre, pero, para los republicanos, su función sigue siendo, en esencia, la misma.
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