Ese cambio ha supuesto un reto político y logístico para ambos lados, dado que el acuerdo de Viernes Santo de 1998 exige que no se establezca en ninguna circunstancia una frontera en el interior de la isla.
Para cumplir esa obligación y evitar al mismo tiempo que entren en el mercado único europeo productos no autorizados, Londres y Bruselas acordaron que los controles aduaneros se llevarían a cabo en el paso marítimo entre la isla de Gran Bretaña e ''Irlanda del Norte'', algo que el Unionismo/lealismo consideran inaceptable, por ser una frontera que ''divide el Reino Unido'' y les separa del resto de dicha entidad.
La provincia ocupada por los británicos, en la práctica, continúa integrada en el espacio europeo, mientras el resto de territorio conocido como Reino Unido lo ha abandonado.
Ante esto, el gobierno británico argumenta que la aplicación del mecanismo acordado genera demasiadas fricciones en su mercado interno y considera ahora invocar el artículo 16 del protocolo (algo que ya exigen los lealistas y los unionistas en los Seis condados ocupados, deseando una nulidad total de dicho protocolo), que permite a una de las partes dejar de aplicar aspectos del acuerdo si considera que provocan alteraciones "serias".
Bruselas considera que la decisión unilateral de retrasar los controles es una ruptura de las obligaciones internacionales de Reino Unido, por lo que ha iniciado acciones legales que pueden llegar hasta el Tribunal de Justicia Europeo.
Al mismo tiempo, ha advertido de que si Londres vuelve a retrasar las inspecciones aduaneras no le temblará el pulso en tomar medidas más drásticas e imponer "represalias", lo que ha avivado el temor a que se abra un conflicto comercial entre el Reino Unido y la UE.
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