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sábado, 21 de octubre de 2017

El jefe del PSNI Hamilton investigado por el ombudsman

El jefe de policía, George Hamilton(izquierda) , el subjefe de policía Drew Harris (centro) y el subjefe de policía Mark Hamilton, tres de los oficiales de policía más importantes del Norte, están siendo investigados por presunta mala conducta en cargos públicos y criminalidad, en lo que podría llegar a ser una conspiración para pervertir el curso de la justicia.

En una declaración, el PSNI dijo que "refutan por completo las acusaciones".

Hamilton dijo que estaba "absolutamente seguro" de que no habría constataciones de mala conducta contra él o los demás oficiales.

La investigación se centra en las preocupaciones sobre cómo el Servicio de Policía de 'Irlanda del Norte' llevó a cabo una investigación sobre denuncias de soborno y fraude en 2014. Incluye alegaciones de que las entradas en los cuadernos de la policía y las agendas se cambiaron.

En una declaración a la BBC, la oficina del ombudsman confirmó que "se habían hecho varias denuncias" contra una variedad de oficiales.

La naturaleza de las quejas y la antigüedad de los que están bajo escrutinio hacen que esta investigación no tenga precedentes. En términos de cuestiones de policía actuales, se considera que es la investigación más seria que ha emprendido la Defensoría del Pueblo.

La investigación se inició después de que el Defensor del Pueblo, el Dr. Michael Maguire, recibió quejas de siete personas interrogadas como parte de una investigación sobre acusaciones de soborno y mala conducta en cargos públicos en la adjudicación de contratos de vehículos para el PSNI. Entre ellos se encontraban el suboficial mayor, retirado del PSNI, Duncan McCausland, y el ex jefe de policía de West Yorkshire, Mark Gilmore.

Fueron interrogados en junio de 2014. Dieciocho meses después, la fiscalía les informó de que ninguno se enfrentaría a ningún cargo.

Ahora el Ombudsman ha establecido un equipo de seis investigadores para examinar las alegaciones sobre la investigación del PSNI.

"Incluyen alegaciones de criminalidad y conducta indebida en cómo se llevó a cabo esta investigación", agregó la declaración del Defensor del Pueblo.

También hay afirmaciones de que el PSNI no siguió los procedimientos adecuados para obtener órdenes.

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