La supuesta "amnistía bajo licencia" concedida por Londres a los presos de diversos grupos armados en el Norte en el marco del programa de excarcelación anticipada negociado en el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, benefició a un total de 447 convictos, incluidos 116 por delitos de sangre.
En la prisión de Long Kesh (Maze), a unos quince kilómetros de Belfast, el 28 de julio de 2000 medio centenar de presos del IRA, se convertían en la última hornada de excarcelaciones "bajo licencia" - es decir, condicionadas a que no haya reincidencia y otras interpretaciones del gobierno británico- concedidas por el Gobierno de Tony Blair.
El Acuerdo de Viernes Santo fue un intento de poner fin a un conflicto que había causado 3.523 muertes desde 1969 hasta 2001. El Gobierno británico reconoció pronto que no podía haber una resolución del conflicto mientras los presos siguieran encarcelados. Los Gobiernos confiaron en los presos para encauzar el proceso y concedieron 48 horas de permiso antes del reférendum.
El programa se inició pocos meses después de la firma del Acuerdo de Viernes Santo, de abril de 1998, y en un plazo de dos años recobraron la libertad -por uno u otro motivo- medio millar de miembros de organizaciones armadas en tregua. Entre los liberados había unos 194 reclusos republicanos y 194 lealistas. Y entre ellos, 166 condenados a cadena perpetua relacionada, en su mayoría, con uno o múltiples asesinatos.
El acuerdo fue negociado por los Gobiernos británico e irlandés y nueve de los diez partidos norirlandeses más votados en las elecciones anteriores. El Partido Demócrata Unionista (DUP), del reverendo Ian Paisley, se mantuvo al margen del acuerdo.
El nivel de reincidencia de los presos excarcelados ha sido mínimo.
Entre aquellos liberados hay personajes muy conocidos como Pat Magee, que lideró el comando que hizo explotar una bomba en el Grand Hotel de Brighton, donde se hospedaban Margaret Thatcher y miembros de su Gabinete durante el congreso del Partido Conservador de 1984. Su colega republicano, James McArdle, destruyó en 1996 un edificio en Canary Wharf (Londres), matando en la explosión a dos vendedores de prensa. Rompía, con su ataque, la tregua del P.IRA anunciada dos años antes.
En el bando lealista,elementos como Michael Stone, que estaba condenado a seis cadenas perpetuas por sendos asesinatos, incluidos tres perpetrados durante el funeral de los miembros del P.IRA asesinados en Gibraltar, en marzo de 1988.
El también lealista Torrens Knight, que había matado a cuatro obreros católicos y, en un macabro acto de revancha, acribilló a balazos a siete parroquianos en un pub de Derry en 1993. Knight se vengaba de la matanza en una pescadería del Shankill Road, cuando la bomba que portaba Sean Kelly mató a nueve personas y a su compañero del P.IRA, Thomas Begley.
Otros como McVeigh, que cumplía una condena de 24 años por intento de asesinato, con bomba lapa, de un oficial del Royal Ulster Constabulary. Había vivido antes entre rejas, de diciembre de 1983 a enero de 1991, por posesión de explosivos. No estuvo inactivo mucho tiempo. Y a su retorno a Long Kesh, en diciembre del mismo año, fue portavoz del colectivo de presos del IRA, un total de 205 en 1998.
En enero de 1998, la entonces ministra para 'Irlanda del Norte', Mo Mowlam, se entrevistó en el penal de Maze/Long Kesh con presos lealistas y, en una segunda visita, con reclusos republicanos, entre ellos, McVeigh.
"No voy a hacer concesiones ni a negociar, sino a explicar que las medidas que persigue el colectivo de presos, incluidas las liberaciones anticipadas, se tratarán dentro del contexto de un acuerdo negociado. Es necesario negociar y alcanzar un acuerdo", justificó la por entonces ministra (ya fallecida).
David Trimble, unionista, ministro principal del intermitente Gobierno autonómico hasta su derrota electoral de 2003, también se entrevistó con presos lealistas pese a la oposición de su partido, el Unionista del Ulster (UUP), a la mal llamada amnistía.
"Los republicanos fueron más agresivos que los lealistas en las reclamaciones a favor de los presos. Nosotros comprendíamos el grado de rechazo moral que su excarcelación produciría en la comunidad unionista. Gerry Kelly, del Sinn Fein, me propuso formar un frente común para forzar al Gobierno a liberar a los presos en un año. Le dije que no. El unionismo lo hubiera interpretado como una señal de que los lealistas se unían al proceso, no para sustentar la paz, sino por los beneficios que podían obtener", señala David Irvine, líder del Partido Unionista Progresista (PUP), frente político de la Fuerza de Voluntarios del Ulster (UVF), con un centenar de reos en 1998.
"El unionismo se considera parte inocente del conflicto y, desde esta perspectiva, ve a los culpables recompensados por el proceso de paz. El tema es más complejo, puesto que todos somos culpables por omisión, palabra o hecho. Los presos respaldaron el proceso, o, al menos, la exploración de la paz, en mayor medida que los políticos unionistas que se opusieron al acuerdo. Siempre he estado atrapado entre dos males: la violencia republicana y el unionismo irrazonable", añade en referencia al reverendo Paisley, líder del DUP, quien boicoteó el proceso y rechazó el Acuerdo de Viernes Santo.
Según Ervine: "La excarcelación de los presos fue una forma de echar el telón sobre los malos tiempos. Los paramilitares no crearon la pesadilla de Irlanda del Norte. Viene de antes, de las acciones de nuestros fallidos políticos. Mucha gente es responsable de esta pesadilla, y la noción de que debemos retener a unos 400 presos, culparles y castigarles por la terrible historia de Irlanda del Norte es ridícula".
Londres y Dublín confiaron en los colectivos de presos para encauzar el proceso. En mayo de 1998, en vísperas del referéndum sobre el acuerdo, concedieron permisos de 48 horas a históricos del P.IRA para asistir al congreso de Sinn Féin en el que el pacto se sometió a voto.
La estrategia funcionó en el campo republicano, que procedió a acomodar sus estatutos para participar en la vida constitucional. También dio oxígeno a la campaña del No liderada por Paisley, aunque finalmente el 71% del electorado norirlandés respaldó el Acuerdo de Viernes Santo.
Sin avances en el desarme, el Gobierno de Blair comenzó a apuntalar legalmente el acuerdo. En junio de 1998 presentó en Westminster el proyecto de ley que, dos años más tarde, dejaría las cárceles británicas con un número mínimo de reclusos políticos. La legislación introdujo "salvaguardas rigurosas" en la liberación "bajo licencia" de los acusados de " delitos terroristas que rechacen genuinamente la violencia". El ministro de 'Irlanda del Norte' se reservaba la potestad de re-encarcelar a los reincidentes o a aquellos que incumplieran, según su opinión, las condiciones de su excarcelación.
La ley se aprobó con el voto en contra de los conservadores, de seis diputados del UUP y la abstención de su líder Trimble. Fue la primera vez en cinco años que la principal oposición parlamentaria rompía el consenso que tradicionalmente impera en la política antiterrorista británica.
"Acepto que es un asunto difícil y penoso para muchos, particularmente para las víctimas y sus familiares. Pero, al mismo tiempo, muchas víctimas aceptan que es necesario resolver el capítulo de los presos para evitar nuevas víctimas en el futuro", argumentó Mowlam.
"Si realmente quieres poner fin a la pesadilla, hay que sopesar todos sus legados. Es difícil porque detrás de cada preso puede haber muchas víctimas. Pero llega un momento en el que hay que plantearse una cuestión esencial: ¿queremos acabar con la violencia? La violencia crea víctimas y también daña a quien la perpetra. Sería un error crear una jerarquía de víctimas. Hay que evitarlo porque ¿no son también víctimas los hijos y las madres de un terrorista?", cuestiona Irvine.
Irvine, afín por entonces a la UVF, con quienes luchó y compartió celda entre 1974 y 1980 dijo: "La política del PUP nació en la cárcel. Hay un hilo que enlaza la prisión con los liderazgos lealista y republicano", observa.
En la práctica, los presos salieron a la calle sin renunciar personalmente a la violencia, sin comprometerse con la vía democrática y sin pedir perdón a las víctimas. Se creó una comisión independiente, el Comité para la Revisión de Sentencias, encargado de evaluar cada caso.
"No firmamos nada ni nos reclamaron nada. Tampoco renunciamos a la violencia ni prometimos nada. El comité certificó que el IRA estaba en tregua y, por tanto, todos sus miembros teníamos derechos a la amnistía o, en términos oficiales, a la reducción de las condenas. El hecho es que a los dos años estábamos todos fuera", confirma McVeigh.
"No se atendió a las víctimas apropiadamente. Algunas hablan públicamente del daño causado, pero cientos más sufren en silencio. Están asqueadas y airadas", resalta el católico Attwood, entonces diputado autonómico del SDLP.
Las estadísticas oficiales responsabilizan a los republicanos del 59% de las víctimas mortales; a los lealistas, del 28%, y a las fuerzas de seguridad, del 11%. Sutton las contabiliza en términos absolutos: 2.055 muertos por ataques republicanos, 1.020 por acción de paramilitares lealistas, 363 por las fuerzas de seguridad británicas, 5 por sus homólogos irlandeses y 80 cuya autoría se desconoce (a esto se suman las decenas de muertes provocadas en la última década, si bien la gran mayoría es de civiles tiroteados por temas de drogas o similares).
El programa de excarcelaciones funcionó en tanto que las reincidencias han sido mínimas. De los 447 presos liberados, unos 15 perdieron temporalmente su licencia de excarcelación, incluidos casos notorios en ambos lados.
Los presos, punto 10 del Acuerdo de Viernes Santo
1. AMBOS GOBIERNOS pondrán en marcha mecanismos para garantizar un acelerado programa de liberación de los presos, incluyendo los presos transferidos, condenados por delitos contemplados en Irlanda del Norte o, en el caso de condenados fuera de Irlanda del Norte, por delitos similares (de ahora en adelante, presos calificados). En cualquier caso, esos mecanismos protegerán los derechos de los presos individuales bajo la ley nacional e internacional.
2. Los presos afiliados a organizaciones que no hayan establecido o que no hayan mantenido un completo e inequívoco cese del fuego no se beneficiarán del acuerdo. La situación al respecto será mantenida bajo examen.
3. Ambos Gobiernos completarán un procedimiento de revisión dentro de un plazo establecido y fijarán fechas de liberación de los presos calificados. El procedimiento de revisión proveería el avance de las fechas de liberación de los prisioneros calificados teniendo en cuenta la gravedad de los delitos por los que las personas fueron condenadas y de la exigencia de proteger a la comunidad. Además, la intención sería que, si las circunstancias lo permiten, cualquier preso calificado que quedara detenido dos años después del inicio del procedimiento de liberación, sería liberado al cumplirse los dos años.
4. Los Gobiernos intentarán promulgar la legislación adecuada para dar eficacia a estos acuerdos para el final de junio de 1998.
5. Los Gobiernos siguen reconociendo la importancia de medidas que faciliten la reintegración de los prisioneros dentro de la comunidad, ofreciendo apoyo tanto antes como después de la liberación, incluso con asistencia dirigida hacia su inserción laboral, su formación, recalificación y ulterior educación.
