La niña desapareció mientras se encontraba bajo la custodia de Tusla, que ahora enfrenta serias preguntas tras el presunto incidente. En términos más generales, el gobierno, que recientemente adquirió el Hotel Citywest para usarlo como centro IPAS, debe rendir cuentas por la gestión de este ya de por sí controvertido centro, considerando que la Garda cerró una sección para realizar exámenes forenses como parte de sus investigaciones.
La presunta víctima debe recibir el máximo apoyo posible y el presunto sospechoso debe ser llevado ante la justicia con todo el rigor que la ley permita.
También debe condenarse el ataque contra solicitantes de protección internacional posterior. Los intentos de intimidar a personas ajenas al presunto incidente son vergonzosos. Esto no pretende protestar por los fracasos del gobierno a la hora de abordar el problema de la agresión sexual, la delincuencia en general o incluso la inmigración. Se trata, más bien, del uso cínico de un incidente muy grave por parte de elementos reaccionarios para infundir miedo y aumentar la división.
El crecimiento de una fuerza de derecha reaccionaria y antiinmigrante en la política irlandesa puede atribuirse a una combinación de factores: uno es la creciente negligencia de los sucesivos gobiernos de Fine Gael y Fianna Fáil hacia las comunidades de clase trabajadora. El otro es el fracaso de la izquierda en general; concretamente, su incapacidad para articular una postura racional y de clase respecto a la regulación de la migración. Esto, sumado al abandono de la política de clases en general por gran parte de la izquierda, ha creado un terreno fértil para que los reaccionarios se organicen, lo que les ha permitido explotar estos acontecimientos para llenar un vacío político y posicionarse ante muchos como defensores de las mujeres y los trabajadores irlandeses.
Los informes de prensa posteriores al incidente indican que el sospechoso llegó a Irlanda hace seis años, su solicitud de protección internacional fue rechazada el año pasado y está sujeto a una orden de deportación desde marzo de este año. Esto es sintomático de un proceso de asilo disfuncional, que solo beneficia a los especuladores que operan los alojamientos de IPAS y a los empleadores que buscan una fuente de mano de obra migrante fácilmente explotable. Es fundamental que las solicitudes de asilo se evalúen con rapidez y equidad, de conformidad con los principios del derecho internacional.
También es fundamental proteger la integridad del sistema de asilo, incluyendo la aplicación de la ley en los casos de rechazo de las solicitudes. Permitir que quienes son rechazados permanezcan en Irlanda a largo plazo socava la legitimidad del sistema, proporciona argumentos a elementos reaccionarios y, en última instancia, perjudica a quienes necesitan protección.
El Partido de los Trabajadores exige la plena rendición de cuentas por cualquier delito cometido, así como una supervisión adecuada de sistemas como Tusla y los centros de IPAS.
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