En un claro intento de amnistiar a los militares y agentes británicos que actuaron en los Seis Condados ocupados, Johnson está preparando una nueva legislación ad hoc que será ''para todas las partes'', sin embargo está claro que actúa bajo la presión desde
sus filas conservadoras, que
han protestado en cada intento de procesar
penalmente a los militares británicos que se saltaron la ley durante su
participación en los Troubles.
Desde
Noticias de Álava desarrollan la información de la siguiente manera – El Gobierno del Reino Unido anunció ayer [por el miércoles] que impulsará una legislación que plantearía un plazo para que prescriban los crímenes cometidos "por todas las partes" durante el pasado conflicto armado en Irlanda del Norte (1968-1998).
El ministro para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, anunció la medida, calificada por sus críticos de "amnistía encubierta", que se aplicaría en principio tanto a las Fuerzas Armadas británicas como a los paramilitares unionistas (protestantes) y republicanos (católicos).
Lewis indicó que el Ejecutivo tramitará el proyecto de ley en otoño, cuando se regulará la aplicación de esta llamada "limitación estatutaria", y sostuvo que, aunque el asunto es "complejo", es "la mejor y única manera" de zanjar el legado de crímenes no resueltos del conflicto, que concluyó con la firma de los Acuerdos del Viernes Santo, del 10 de abril de 1998.
En una comparecencia previa, el primer ministro británico, Boris Johnson, argumentó que esta legislación, que cuestionan tanto la oposición laborista como los Gobiernos de Belfast y Dublín, "pondrá un punto final" al legado de ese fatídico periodo, conocido en las Islas Británicas como The Troubles (el conflicto).
El portavoz en los Comunes del Partido Democrático Unionista (DUP, el principal de Irlanda del Norte), Jeffrey Donaldson, rechazó por su parte "cualquier forma de amnistía", como también cuestionan los representantes del Sinn Féin, que fue brazo político del IRA.
Por su parte, Amnistía Internacional aseguró ayer que el plan del Gobierno británico demuestra un "desprecio total por las víctimas", a las que se priva de su derecho a "conocer la verdad y que se haga justicia".
Por su lado desde El País detallan la información de la siguiente manera:
El proyecto de ley, que el Gobierno británico tiene intención de someter
a trámite parlamentario el próximo otoño, consta de tres partes.
En
primer lugar, se constituiría una comisión independiente para ayudar a
las familias a conocer la verdad de lo sucedido. Sería un organismo con
plena capacidad de acceso a documentos oficiales o para convocar de
oficio a testigos. El propio borrador establece la comparación con la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación que se estableció en
Sudáfrica, para investigar los años del apartheid.
En segundo
lugar, se pondría en marcha una iniciativa para recabar la historia oral
de los años de conflicto. Un esfuerzo por construir una memoria
compartida de la violencia sectaria y sus consecuencias.
En tercer
lugar, como punto central de la medida, se anularían las investigaciones
penales en curso o pendientes.
