El Estado británico siempre ha intentado desdibujar su papel en el conflicto norirlandés, favoreciendo su rol en el proceso de paz e intentando diluir su responsabilidad en las atrocidades causadas por las tropas británicas en el norte de Irlanda junto con los grupos paramilitares lealistas dirigidos y armados por la Inteligencia británica durante los treinta años de conflicto. Cada investigación de estas atrocidades, cada juicio contra un soldado británico o paramilitar lealista destapa no ya el beneplácito, sino la intervención desde las altas instancias del Estado británico, y ello es precisamente lo que el Gobierno conservador quiere evitar con la nueva ley de amnistía aprobada por el Parlamento de Londres el miércoles 13 de septiembre.
La aprobación de esta ley se puede entender como el Brexit del sistema de protección de derechos humanos internacional por parte de Gran Bretaña, que ya enarboló con su salida de la Unión Europea su rechazo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia. La nueva norma demuestra que los conservadores británicos buscan el reino de la impunidad en lo que se refiere a las actuaciones criminales del estado en el norte de Irlanda, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Hay que recordar que el Tribunal Europeo emitió sentencias contra la actuación de las Fuerzas de Seguridad británicas en el pasado, como fue el caso de la ejecución extrajudicial de los llamados Tres de Gibraltar (tres miembros del IRA desarmados que murieron en 1989 a consecuencia de los disparos de las fuerzas especiales británicas).
Este proyecto de ley pondrá fin a todos los métodos de investigación de los delitos relacionados con los «troubles», incluidas las investigaciones penales, las pesquisas de los médicos forenses, las investigaciones del defensor del pueblo de la Policía y los recursos civiles.
En su lugar, una comisión independiente revisará –pero en ningún caso investigará– las muertes y lesiones muy graves relacionadas con el conflicto y presentará informes a las familias, concediendo amnistía a antiguos soldados y militantes de los grupos armados a condición de que revelen su participación en los delitos. En otras palabras, los autores de actos de violencia históricos estarán protegidos de la acción judicial si cooperan con la comisión.
Aunque la ley también incluiría al los grupos armados republicanos, esto se puede considerar accidental, porque el objetivo del Ejecutivo británico fue siempre el de salvaguardar la impunidad de sus tropas, tal y como manifestó durante la presentación del proyecto de la ley ya aprobada.
El Gobierno de Londres criticó en su día las «demandas vejatorias» y un «ciclo de reinvestigaciones» contra antiguos militares británicos para evitar situaciones como la del juicio contra el soldado F, acusado de matar a dos personas en Derry durante el Domingo Sangriento en 1972, o la condena del soldado David Holden por haber matado a un hombre en un puesto de control, disparándole por la espalda en 1998.
El Ejecutivo conservador británico ha desoído no ya las voces de la oposición en Londres, del Congreso de Estados Unidos, de la ONU y del Consejo de Europa, sino de todos los partidos norirlandeses, que han superado sus profundas diferencias políticas para expresar su rechazo a la ley, lo que constituye una muestra inusual de consenso.
La oposición es evidente entre la población de Gran Bretaña. En junio de este año, los resultados de una encuesta revelaron que más de la mitad (53%) de los adultos británicos –y seis de cada diez (58%) votantes conservadores– se mostraban contrarios a la inmunidad judicial a cambio de facilitar información sobre los crímenes.
En el norte de Irlanda, los grupos de víctimas y supervivientes se han opuesto sistemáticamente al proyecto de ley, que consideran una negación del derecho de las víctimas a la verdad. Han recibido el apoyo de grupos de la sociedad civil, de iglesias católicas y protestantes y de la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte.
La intención de esta norma, una clara ley mordaza para las víctimas de la violencia de Estado, abre más incógnitas que las que cierra: ¿Es posible que la violencia contra la población nacionalista irlandesa fuera una política creada y dirigida desde las altas instancias del Gobierno?
Lo que sí es cierto es que la nueva ley ha agrandado la brecha en las relaciones entre los Ejecutivos de Londres y Dublín, con el Gobierno irlandés anunciando que ha iniciado consultas legales ante la posibilidad de presentar un recurso judicial contra la ley por violar el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
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