El Tribunal de Poderes de Investigación escuchó que, si bien la política que alguna vez fue secreta ahora era de conocimiento público, no hay límites conocidos para la conducta criminal permitida.
Una coalición de grupos de derechos humanos había argumentado que la política, que ahora se conoce como "la tercera dirección", efectivamente otorga inmunidad general a los agentes del MI5 para cualquier actividad criminal.
Por una mayoría de tres a dos, el Tribunal de Poderes de Investigación dictaminó que la política es legal.
Privacy International, Reprieve, el Comité de Administración de Justicia y el Centro Pat Finucane solicitaron al tribunal que otorgue una orden judicial "que restrinja la conducta ilegal adicional".
Ben Jaffey señaló que en el pasado "la autorización de la participación de agentes en delincuencia" había dado lugar a graves violaciones de los derechos fundamentales.
Señaló el caso conocido como "Stakeknife", un agente británico infiltrado en el IRA que llevó a cabo una serie de asesinatos en nombre de sus manejadores, así como el asesinato dirigido por el MI5 contra el abogado de Belfast Pat Finucane.
El tribunal, dirigido por su presidente Justice Singh, escuchó algunas pruebas en secreto, en ausencia de abogados y medios de comunicación.
El gobierno británico argumentó que sería "imposible" para el MI5 operar efectivamente sin esa política y que era vital para la "seguridad nacional" británica.
"Ellos (los agentes) son indispensables para el trabajo del servicio de seguridad y, por lo tanto, para su capacidad de proteger al ciudadano de las amenazas", afirmó el abogado James Eadie.
Los abogados de las organizaciones de derechos humanos se animaron por el hecho de que dos miembros del tribunal dictaminaron que la política es ilegal. El Centro Pat Finucane (PFC), con sede en Derry, dijo que el hecho de que dos jueces habían disentido era "profundamente significativo".
“La coordinación general de todos los asuntos de seguridad e inteligencia [en Irlanda del Norte] recaía en el MI5 y, como hemos visto en el caso de [agente británico] Brian Nelson y en el asesinato de Pat Finucane, los agentes estatales estuvieron involucrados en el asesinato en esta jurisdicción ", dijo un portavoz.
"Esta es la primera vez que ha habido opiniones discrepantes en un juicio del IPT".
El PFC y sus co-demandantes - Reprieve, Privacy International y el Comité de Administración de Justicia (CAJ) - han dicho que apelarán la decisión del tribunal.
El subdirector del CAJ, Daniel Holder, dijo que “la práctica de la participación de informantes paramilitares en delitos graves fue un patrón de violaciones de derechos humanos que prolongó y exacerbó el conflicto de Irlanda del Norte. Los documentos de archivo muestran que la naturaleza ilegal de la conducta de los informantes aquí era conocida en ese momento y parece que la política se ha formalizado aún más", dijo. "Esta decisión cerrada está lejos de ser el final del asunto".
Saoradh dijo que el tribunal destacó la criminalidad en curso del MI5 dentro de los Seis Condados y Gran Bretaña.
"Siempre hemos hecho saber que la política británica en suelo irlandés siempre ha sido la criminalidad egoísta y el asesinato de personas irlandesas", dijeron. "La historia de Gran Bretaña aquí es de conocimiento común sin cambios de política".
Dijeron que los partidos políticos necesitaban desafiar la actividad del MI5 en el norte de Irlanda y la integración de sus operaciones con el PSNI después del Acuerdo de St Andrews de 2006. También cuestionaron si los actos criminales de los miembros del PSNI están encubiertos por la política.
Agregaron: "No se encontrará a Saoradh sin ganas en cuando se trata de exponer y resaltar las continuas injusticias del personal de la Fuerza de la Corona, mientras que otros que son complacientes y altamente involucrados en la delincuencia y el matonismo, entierran sus cabezas en la arena".
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