Brendan McConville y John Paul Wootton son objeto de un encarcelamiento más que cuestionable después de que fueron injustamente condenados por un ataque armado del C.IRA en Craigavon, en marzo de 2009, en la que un miembro del PSNI (Stephen Carroll) fue asesinado.
La semana pasada, se identificó el arma presuntamente utilizada en el ataque basándose únicamente en observaciones hechas por una persona vulnerable después de tres interrogatorios ilegales.
Documentos de un caso judicial europeo revelan que la persona en cuestión, denominado 'RE', no debería haber sido interrogado en ausencia de un adulto apropiado. También parece que una conversación supuestamente privada entre 'RE' y su abogado fue espiada ilegalmente.
'RE' inicialmente fue acusado de ocultar información sobre el ataque, pero estos cargos fueron retirados posteriormente.
Los detalles surgieron solamente después de un caso llevado en contra del gobierno británico sobre la preocupación de que el PSNI estaba llevando a cabo vigilancia de las conversaciones entre 'RE' y su abogado.
Se supo que el hombre fue arrestado e interrogado tres veces en las semanas después del ataque. Documentos de la corte muestran que antes de ser visto por un abogado o un adulto apropiado, pidió hablar con el PSNI "off the record".
Sus abogados trajeron un caso aparte en su nombre ante el Tribunal Europeo, que consideraba la pasada semana que la vigilancia secreta llevada a cabo sobre los abogados y sus clientes está en violación de la legislación europea.
Durante los dos primeros períodos de interrogatorio su abogado recibió garantías de que las consultas no estarían sujetas a la vigilancia encubierta. Durante un tercer arresto, el PSNI se negó a dar una garantía.
El fallo de la corte encontró que el artículo ocho de los derechos del hombre en el marco del Tribunal Europeo de Derechos Humanos había sido violado.
Nichola Harte, de Harte, Coyle, de Collins Abogados, que representó a 'RE', dijo que el fallo tiene implicaciones más amplias.
"El Tribunal Europeo criticó los procedimientos inadecuados actualmente en vigor en Irlanda del Norte para el manejo, uso, almacenamiento y destrucción de la información obtenida de la vigilancia encubierta de consultas legales", dijo.
"Los acuerdos de la policía han sido y siguen siendo una violación del derecho al respeto de la vida privada".
"Este hito en el fallo Europeo tiene implicaciones para todas las consultas legales en las comisarías de policía si se someten a vigilancia encubierta."
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