El llamado Proyecto de Ley de Impuesto de Sociedades (Irlanda del Norte) deberá pasar ahora por el filtro de la Cámara de los Lores antes de que se complete la transferencia de poderes, una de las promesas efectuadas por Londres para mantener encarrilado el proceso de paz en el Norte de Irlanda.
Durante las últimas conversaciones con los partidos norirlandeses el año pasado, el Gobierno del primer ministro británico, el conservador David Cameron, se comprometió a reforzar la autonomía financiera de la región a cambio de que las partes lograsen un amplio acuerdo económico y político, al que se llegó el pasado 23 de diciembre.
Con la devolución de esas competencias, el Ejecutivo de poder compartido entre nacionalistas (católicos) y unionistas (protestantes) podrá rebajar el impuesto de sociedades y equipararlo con el de la vecina República de Irlanda, que recibe importantes inversiones extranjeras gracias a que esa tasa se sitúa en el 12,5 %, frente al 20 % de Irlanda del Norte.
“Creo que esta ley es vital para permitir que el Ejecutivo de Irlanda del Norte tenga más poder para reequilibrar la economía hacia un sector privado más fuerte, lo que fomentaría la creación de empleo, el crecimiento y las condiciones de vida”, dijo durante el debate en los Comunes el secretario financiero del Tesoro, David Gauke.
El dirigente “tory” destacó el consenso generalizado que han alcanzado los diputados británicos respecto a un asunto que aborda “los retos especiales” a los que aún se enfrenta la economía de Irlanda del Norte, casi 20 años después del fin del conflicto armado.
El citado acuerdo entre los partidos norirlandeses dio luz verde a la reforma del sistema de protecciones sociales pendiente en el territorio todavía baja administración británica y permitió un acercamiento de posiciones sobre la política presupuestaria general del Ejecutivo autónomo.
La hoja de ruta acordada estableció también un plan financiero a largo plazo para Irlanda del Norte, así como un marco de actuación para solventar aspectos aún pendientes del proceso de paz.
En este sentido, las formaciones norirlandesas acordaron participar en mecanismos diseñados para abordar temas espinosos que les han separado durante décadas, como los desfiles protestantes, la cuestión de las banderas en los edificios públicos y la gestión del legado de casi 30 años de un conflicto armado que causó más de 3.500 muertos.
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