Los Huidos del P.IRA podrán ser juzgados según un último informe

Juez Hallett

Pese a que el tema de los 'on the runs' (los huidos/fugados) del IRA se conoció hace ya tiempo, sin ir más lejos el tema fue tratado por primera vez durante un juicio diplock (*) contra el republicano de Tyrone Gerry McGeough.

Es su día Gerry Kelly dijo que McGeough podía volver a Tyrone si quería, y lo haría sin temor a ser juzgado. Gerry, su esposa y niños pequeños volvieron y comenzaron a reconstruir sus vidas. Sin embargo, él estaba fuertemente en desacuerdo con la nueva estrategia utilizada por el P.SF en particular, haciendo suya la idea de Policía Política británico y abandonó el partido.

Poco después, se puso en contra del Provisonal SF en unas elecciones y fue sacado fuera de un colegio electoral. Posteriormente fue acusado por el PSNI,  juzgado por actividades del IRA y fue condenado en un tribunal sin jurado a un par de años de cárcel en Maghaberry.
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Con el tiempo, llegamos a hoy, donde Gerry Kelly afirma que la idea de una amnistía para los sospechosos de acciones armadas republicanas que recibieron cartas diciéndoles que no eran buscados por la policía era "un mito unionista".

Kelly - que estuvo involucrado en la administración del régimen, estuvo de acuerdo en el resultado de un acuerdo entre el último gobierno laborista y el Sinn Féin.

La Juez Hallett ahora ha sacado un informe ordenado por el primer ministro británico, David Cameron, diciendo también que las cartas dadas no equivalían a una amnistía.

"La juez Hallett ha dicho claramente que el proceso era legal", dijo Kelly.

"El informe también deja claro que el proceso no era secreto - hay más de 30 páginas de material incluidos en el informe, que era de dominio público".

"Esto incluye los informes en los medios de comunicación, las preguntas y respuestas en Dáil Éireann y en las dos Cámaras del Parlamento Británico, actas de la Junta de Vigilancia y el informe  Eames Bradley.

"Una larga lista de políticos del DUP, UUP, Alianza y SDLP discutieron el tema en un período de una década en las reuniones con el gobierno británico y las autoridades británicas."

Kelly añadió: "Los dos gobiernos se comprometieron a hacer frente a la anomalía de la cuestión de los fugados en la estela del programa de liberación anticipada en el marco del Acuerdo de Viernes Santo".

"Esperamos que los gobiernos cumplan con sus compromisos políticos".

Sin embargo, desde el DUP, Peter Robinson ha insistido en que el régimen era "incorrecto en principio y caótico en la práctica".

Y agregó: "Por supuesto, no hay amnistía y no hay pase para salir de la cárcel libre".

Los sospechosos del P.IRA que huyeron para no ser juzgados por supuestas acciones armadas cometidas antes de los Acuerdos de Viernes Santo, según se dice ahora, podrían ser juzgados a pesar de que en su día recibieron garantías por escrito de que la policía británica ya no tenía cuentas pendientes con ellos. Esa es la conclusión a la que ha llegado el Gobierno británico tras hacerse pública la 'investigación independiente' sobre ese asunto llevada a cabo por la juez lady Justice Hallett.

Según desarrolla El País, la juez ha llegado a la conclusión de que las cartas enviadas a los fugitivos eran legales pero que aquel programa no constituía una amnistía. También concluye que fue un error llevarlo a cabo pero no hubo mala fe. Y que, aunque se puso en marcha de manera muy discreta y “por debajo del radar” hasta el punto de que las familias de las víctimas no sabían que los presuntos asesinos ya no eran buscados por la policía, no constituyó un programa secreto.

En definitiva, una larga serie de conclusiones a menudo casi contradictorias que busca no darle ni quitarle toda la razón a ninguna de las partes tradicionalmente enfrentadas en el conflicto de Irlanda del Norte, aunque fundamentalmente responsabiliza de todo al Gobierno británico.

Londres ha asumido el informe y todas sus conclusiones. Y la ministra británica para Irlanda del Norte, Theresa Villiers, ha llegado a su vez a la conclusión de que, como no era una amnistía y los fugitivos “no habían recibido ninguna carta blanca para librarse de prisión”, siguen siendo objetivo de las fuerzas policiales. “El Gobierno siempre ha dejado claro que, si aparecen pruebas suficientes, en ese caso los fugitivos son a título individual susceptibles de ser detenidos y procesados de la forma habitual”, ha declarado Villiers en los Comunes. “Lo repito hoy de nuevo para la gente que tiene esas cartas. No os van a proteger de detención y procesamiento y se os someterá al debido proceso legal”, añadió.

La ministra explicó que el Gobierno ha de decidir todavía si debe, por cuestiones legales, informar a los fugitivos que recibieron aquellas cartas de que su situación ha cambiado o puede cambiar.

Los acuerdos de 1998 garantizaron que todos los condenados por actos de terrorismo anteriores a los acuerdos de paz quedarían en libertad antes de dos años, pero no resolvía la situación de los 187 presuntos terroristas que huyeron antes de ser juzgados. Para facilitar el desmantelamiento de los arsenales del IRA, el Gobierno británico se comprometió en 2000 a hacer la vista gorda con los fugitivos y en 2005 empezó a enviarles cartas individuales garantizándoles que ya no eran buscados.

Todo se fue al garete en febrero pasado, cuando John Downey, uno de los acusados de la bomba que mató a cuatro soldados británicos en Hyde Park en 1982, se acogió a esa carta para evitar ser procesado, obligando a Londres a encargar a la juez un informe para aclarar la cuestión. Downey, en todo caso, ya no podrá ser juzgado debido a otras razones legales.

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(*) Los Juicios Diplock son un tipo especial de juzgados, establecidos por el gobierno del Reino Unido en el Norte, supuestamente para evitar las intimidaciones a las que eran sometidos los miembros del jurado a la hora de juzgar aquellos casos que tenían relación con los grupos paramilitares dentro del contexto del Conflicto.

La característica principal de estos juicios era la suspensión del derecho a ser juzgado por un jurado popular.

Su nombre proviene del legislador Lord Diplock, cuyo objetivo era la criminalización de las actividades de los grupos armados, tanto lealistas como republicanos, es decir, eliminar cualquier tipo de distinción legal entre delitos políticos y delitos comunes. Esta degradación del estatus de los prisioneros fue lo que provocó el inicio de las huelgas de hambre de 1980-81.

Hasta no hace mucho las Diplock Courts sólo habían condenado a elementos de grupos armados irlandeses. Sin embargo, el 20 de Diciembre de 2005 se sentenció a un supuesto simpatizante de Al Qaida a 6 años de prisión por poseer información que podía ser utilizada para atentar contra aviones.

En Agosto de 2006 se anunció que las Diplock Courts serían abolidas en Julio de 2007. Sin embargo, los jucios sin jurado se siguen utilizando en casos excepcionales.