Un artículo de noviembre del pasado año que consideramos interesante reproducir por los datos relevantes que detalla sobre los recientes casos revelados sobre la guerra sucia en los 6Condados ocupados;
De la connivencia al terrorismo de estado
Soledad Galiana - Naiz
La implicación del estado británico en los 30 años de violencia en el norte de Irlanda va más allá de la connivencia, como demuestran unidades secretas como la MRF. El cierre de investigaciones sobre estos casos, como sugirió el fiscal general norirlandés John Larkin, es un nuevo intento de blanquear esas responsabilidades.
El miércoles, el fiscal general del norte de Irlanda, John Larkin, sorprendió con la sugerencia de obliterar los casos pendientes de investigación relacionados con el conflicto político irlandés que se hubieran producido con anterioridad a la firma del Acuerdo de Viernes Santo en 1998. Muchos se preguntan de donde partió la idea, ya que Larkin había autorizado tan solo unos días antes la reapertura de la investigación sobre las actividades de la banda lealista Glenanne Gang, que incluía a miembros de la policía norirlandesa (RUC) y del regimiento británico UDR. El abogado Kevin Winters se mostró sorprendido con las propuestas de Larkin, ya que significaban un giro de 180 grados en la actividad del fiscal hasta el momento.
Las especulaciones sobre la motivación de las declaraciones de Larkin han sido variadas. Muchos han apuntado a que Larkin «va por libre» y básicamente en ocasiones dice lo primero que se le pasa por la cabeza. Otros quieren ver un punto de pragmatismo y apuntan a que su propuesta se basa en la falta de recursos para este tipo de investigaciones históricas. También existen argumentos que apuntan a que las declaraciones del fiscal podrían considerarse como un «globo sonda» del diplomático norteamericano Richard Hass, encargado de encontrar una vía de acuerdo sobre cómo solucionar el legado del conflicto en el norte de Irlanda. Precisamente Hass declaró que el rechazo generalizado a la propuesta de Larkin ha sido «informativo».
Algunos apuntan a que las ambiciones personales de Larkin y a sus aspiraciones de unirse a la judicatura también podrían haber jugado un papel importante en su sugerencia, que se explicaría como un intento de congraciarse con el Estado británico, que hasta el momento se ha mostrado reacio a facilitar ciertas investigaciones que demostrarían un nivel de participación en el conflicto que llegaría hasta las altas instancias políticas y militares.
Precisamente la coincidencia -accidental o no- de la propuesta de Larkin con la emisión del documental de Panorama en la cadena pública británica BBC ha reabierto el debate sobre el papel del Estado británico en el conflicto irlandés.
Con el inicio del proceso de resolución de conflicto, en 1993, el Estado británico tomó la decisión de modificar la percepción de su intervención en el norte de Irlanda. Se trataba de borrar un pasado de políticas de intervención directa que iban desde el encarcelamiento sin evidencias o juicio, la criminalización de la actividad política o la censura mediática contra los republicanos a la política del «disparar a matar» (recordemos el caso de los tres miembros del IRA desarmados que fueron acribillados en Gibraltar por las fuerzas especiales británicas SAS), la connivencia con grupos paramilitares, la tortura de detenidos,... para crear una imagen de Gran Bretaña como mediador, un agente de paz que se había visto envuelto en u conflicto entre dos «tribus» de manera accidental. Los británicos se negaron, y siguen haciéndolo, a sentarse en la mesa como una de las partes del conflicto, y cuando las actuaciones criminales de los miembros de las fuerzas de seguridad y el Ejército se hacen evidentes, la responsabilidad sobre estas nunca alcanza la esfera política de la cadena de mando.
El Gobierno británico ha hecho todo lo posible para evitar investigaciones en las que, más que sospechar, se sabe que existieron responsabilidades políticas. Costó más de 30 años conseguir un tribunal de investigación para las víctimas del Domingo Sangriento en Derry, pero la responsabilidad acabó en los mandos militares que se encontraban en la ciudad aquel 30 de enero de 1972 y un uso excesivo y equivocado de la fuerza.
La investigación sobre el asesinato del abogado Pat Finucane, que había sido indirectamente denunciado como cercano al IRA desde los escaños del Parlamento británico por Douglas Hogg, Ministro de Interior durante el Gobierno de Margaret Thatcher tres semanas antes, se cerró con acusaciones a los ejecutores y las fuerzas de seguridad, pero negando responsabilidad política. El Gobierno británico se negó a colaborar en la investigación sobre las 33 víctimas de las explosiones en Dublín y Monaghan, el 17 de mayo de 1974. Para el Estado británico, un escenario similar al presentado por George Orwell en «1984» sería el ideal. El problema es que borrar la evidencia es casi imposible, y cualquier intento de presentar al grupo militar de operaciones secretas Fuerza de Reacción Militar MRF como una excepción va a resultar imposible.
Las actividades de la MFR -básicamente, encontrar y disparar contra sospechosos de pertenecer al movimiento republicano incluso si no estaban armados- es una más de las de la guerra sucia sancionada por los sucesivos gobiernos británicos en el norte de Irlanda, que usaron los impuestos de sus ciudadanos -incluidos los recaudados en el norte de Irlanda-, para financiar estas actividades.
Hace tan solo un mes, el centro Pat Finucane publicó un libro titulado «Aliados Letales: Connivencia británica en Irlanda». Con información recogida en informes no publicados por el Equipo de Investigación Histórica de la Policía norirlandesa, el libro confirma actividades de terrorismo de Estado por parte del estado norirlandés controlado por el Gobierno británico que fueron ejecutadas usando la red de la Orden de Orange.
Según la información recabada por Pat Finucane Centre, tanto la Policía (RUC), el Ejército (UDR), los servicios secretos (MI5) como unidades secretas del Ejército como la Unidad de la Fuerza de Información (FRU) o la ahora descubierta MRF fueron directamente responsables de la escalada del conflicto, no ya con connivencia, sino con participación directa, implementado políticas de «disparar a matar» en lugar de seguir los procesos legales, y de liderazgo (eligiendo y proporcionado información sobre los «objetivos», armas y explosivos a los ejecutores lealistas).
La exposición de nuevas evidencias demuestra que los «compromisos» del Estado británico con la justicia y la memoria histórica no son sino intentos de blanquear su imagen. Cuando la justicia británica llega al norte de Irlanda, es limitada e incompleta, deteniéndose en el ejecutor, pero obviando al responsable.
Quizás es el momento de nombrar a unos cuantos. Empecemos por el general, ahora sir, Michael Jackson, que exportó su experiencia en el laboratorio militar norirlandés a los Balcanes e Irak. Jackson admite tener conocimiento tanto del MRF como del FRU. Sigamos con el coronel David Stirling, famoso por crear las SAS y varias empresas que ofrecen los servicios de mercenarios al mejor postor, y cerremos con el «padre» de la contrainsurgencia, el general Frank Kitson, quien eligió Irlanda como laboratorio para sus teorías para canalizar y abortar movimientos sociales que las autoridades consideraban potencialmente peligrosos. Sus métodos se usaron en Malasia, Kenia, Argelia y Vietnam. En su libro sobre Kitson, The Kitson Experiment, Robert Faligot describe como «el control de la población, la guerra sicológica, el uso de unidades especiales y la expansión de los servicios de inteligencia; el desarrollo de nueva tecnología para la contención -si no la destrucción- de cualquier expresión de desobediencia civil a nivel político, sindicalista, nacionalista, feminista o medioambiental, incluyendo las guerrillas callejeras, constituyen elementos de estas teorías».
«Solo Irlanda ha ofrecido una oportunidad para un experimento completo, donde todas estas técnicas para la guerra fueron totalmente utilizadas... Irlanda tuvo el privilegio de servir como un laboratorio militar, y su población como conejillos de indias. Porque hablan inglés, son blancos y parte integral de Europa, los irlandeses son el modelo perfecto de enemigo interno. Su historia y cultura les diferencia de Gran Bretaña y Europa, y por ello se les permite morir en silencio», concluye Faligot.
Kitson llegó a Irlanda en 1970 e implementó sus teorías. Según Faligot, a él se debe la creación de bandas compuestas en su mayoría por miembros de las fuerzas especiales que se infiltraron en el IRA y las organizaciones lealistas y llevaron a cabo asesinatos indiscriminados dirigidos a aterrorizar a la población. Según Kitson, para ganar la guerra psicológica, era una necesidad para las fuerzas del estado que la responsabilidad de estas actividades paramilitares recayera en el enemigo.
El desenmascaramiento del MFR es el desenmascaramiento del Estado británico, no ya responsable de connivencia sino de terrorismo de Estado, al demostrarse que Londres no facilitó, sino que promovió, lideró y usó a los grupos lealistas para sus propios fines políticos y militares.
De la connivencia al terrorismo de estado
Soledad Galiana - Naiz
La implicación del estado británico en los 30 años de violencia en el norte de Irlanda va más allá de la connivencia, como demuestran unidades secretas como la MRF. El cierre de investigaciones sobre estos casos, como sugirió el fiscal general norirlandés John Larkin, es un nuevo intento de blanquear esas responsabilidades.
El miércoles, el fiscal general del norte de Irlanda, John Larkin, sorprendió con la sugerencia de obliterar los casos pendientes de investigación relacionados con el conflicto político irlandés que se hubieran producido con anterioridad a la firma del Acuerdo de Viernes Santo en 1998. Muchos se preguntan de donde partió la idea, ya que Larkin había autorizado tan solo unos días antes la reapertura de la investigación sobre las actividades de la banda lealista Glenanne Gang, que incluía a miembros de la policía norirlandesa (RUC) y del regimiento británico UDR. El abogado Kevin Winters se mostró sorprendido con las propuestas de Larkin, ya que significaban un giro de 180 grados en la actividad del fiscal hasta el momento.
Las especulaciones sobre la motivación de las declaraciones de Larkin han sido variadas. Muchos han apuntado a que Larkin «va por libre» y básicamente en ocasiones dice lo primero que se le pasa por la cabeza. Otros quieren ver un punto de pragmatismo y apuntan a que su propuesta se basa en la falta de recursos para este tipo de investigaciones históricas. También existen argumentos que apuntan a que las declaraciones del fiscal podrían considerarse como un «globo sonda» del diplomático norteamericano Richard Hass, encargado de encontrar una vía de acuerdo sobre cómo solucionar el legado del conflicto en el norte de Irlanda. Precisamente Hass declaró que el rechazo generalizado a la propuesta de Larkin ha sido «informativo».
Algunos apuntan a que las ambiciones personales de Larkin y a sus aspiraciones de unirse a la judicatura también podrían haber jugado un papel importante en su sugerencia, que se explicaría como un intento de congraciarse con el Estado británico, que hasta el momento se ha mostrado reacio a facilitar ciertas investigaciones que demostrarían un nivel de participación en el conflicto que llegaría hasta las altas instancias políticas y militares.
Precisamente la coincidencia -accidental o no- de la propuesta de Larkin con la emisión del documental de Panorama en la cadena pública británica BBC ha reabierto el debate sobre el papel del Estado británico en el conflicto irlandés.
Con el inicio del proceso de resolución de conflicto, en 1993, el Estado británico tomó la decisión de modificar la percepción de su intervención en el norte de Irlanda. Se trataba de borrar un pasado de políticas de intervención directa que iban desde el encarcelamiento sin evidencias o juicio, la criminalización de la actividad política o la censura mediática contra los republicanos a la política del «disparar a matar» (recordemos el caso de los tres miembros del IRA desarmados que fueron acribillados en Gibraltar por las fuerzas especiales británicas SAS), la connivencia con grupos paramilitares, la tortura de detenidos,... para crear una imagen de Gran Bretaña como mediador, un agente de paz que se había visto envuelto en u conflicto entre dos «tribus» de manera accidental. Los británicos se negaron, y siguen haciéndolo, a sentarse en la mesa como una de las partes del conflicto, y cuando las actuaciones criminales de los miembros de las fuerzas de seguridad y el Ejército se hacen evidentes, la responsabilidad sobre estas nunca alcanza la esfera política de la cadena de mando.
El Gobierno británico ha hecho todo lo posible para evitar investigaciones en las que, más que sospechar, se sabe que existieron responsabilidades políticas. Costó más de 30 años conseguir un tribunal de investigación para las víctimas del Domingo Sangriento en Derry, pero la responsabilidad acabó en los mandos militares que se encontraban en la ciudad aquel 30 de enero de 1972 y un uso excesivo y equivocado de la fuerza.
La investigación sobre el asesinato del abogado Pat Finucane, que había sido indirectamente denunciado como cercano al IRA desde los escaños del Parlamento británico por Douglas Hogg, Ministro de Interior durante el Gobierno de Margaret Thatcher tres semanas antes, se cerró con acusaciones a los ejecutores y las fuerzas de seguridad, pero negando responsabilidad política. El Gobierno británico se negó a colaborar en la investigación sobre las 33 víctimas de las explosiones en Dublín y Monaghan, el 17 de mayo de 1974. Para el Estado británico, un escenario similar al presentado por George Orwell en «1984» sería el ideal. El problema es que borrar la evidencia es casi imposible, y cualquier intento de presentar al grupo militar de operaciones secretas Fuerza de Reacción Militar MRF como una excepción va a resultar imposible.
Las actividades de la MFR -básicamente, encontrar y disparar contra sospechosos de pertenecer al movimiento republicano incluso si no estaban armados- es una más de las de la guerra sucia sancionada por los sucesivos gobiernos británicos en el norte de Irlanda, que usaron los impuestos de sus ciudadanos -incluidos los recaudados en el norte de Irlanda-, para financiar estas actividades.
Hace tan solo un mes, el centro Pat Finucane publicó un libro titulado «Aliados Letales: Connivencia británica en Irlanda». Con información recogida en informes no publicados por el Equipo de Investigación Histórica de la Policía norirlandesa, el libro confirma actividades de terrorismo de Estado por parte del estado norirlandés controlado por el Gobierno británico que fueron ejecutadas usando la red de la Orden de Orange.
La exposición de nuevas evidencias demuestra que los «compromisos» del Estado británico con la justicia y la memoria histórica no son sino intentos de blanquear su imagen. Cuando la justicia británica llega al norte de Irlanda, es limitada e incompleta, deteniéndose en el ejecutor, pero obviando al responsable.
Quizás es el momento de nombrar a unos cuantos. Empecemos por el general, ahora sir, Michael Jackson, que exportó su experiencia en el laboratorio militar norirlandés a los Balcanes e Irak. Jackson admite tener conocimiento tanto del MRF como del FRU. Sigamos con el coronel David Stirling, famoso por crear las SAS y varias empresas que ofrecen los servicios de mercenarios al mejor postor, y cerremos con el «padre» de la contrainsurgencia, el general Frank Kitson, quien eligió Irlanda como laboratorio para sus teorías para canalizar y abortar movimientos sociales que las autoridades consideraban potencialmente peligrosos. Sus métodos se usaron en Malasia, Kenia, Argelia y Vietnam. En su libro sobre Kitson, The Kitson Experiment, Robert Faligot describe como «el control de la población, la guerra sicológica, el uso de unidades especiales y la expansión de los servicios de inteligencia; el desarrollo de nueva tecnología para la contención -si no la destrucción- de cualquier expresión de desobediencia civil a nivel político, sindicalista, nacionalista, feminista o medioambiental, incluyendo las guerrillas callejeras, constituyen elementos de estas teorías».
«Solo Irlanda ha ofrecido una oportunidad para un experimento completo, donde todas estas técnicas para la guerra fueron totalmente utilizadas... Irlanda tuvo el privilegio de servir como un laboratorio militar, y su población como conejillos de indias. Porque hablan inglés, son blancos y parte integral de Europa, los irlandeses son el modelo perfecto de enemigo interno. Su historia y cultura les diferencia de Gran Bretaña y Europa, y por ello se les permite morir en silencio», concluye Faligot.
Kitson llegó a Irlanda en 1970 e implementó sus teorías. Según Faligot, a él se debe la creación de bandas compuestas en su mayoría por miembros de las fuerzas especiales que se infiltraron en el IRA y las organizaciones lealistas y llevaron a cabo asesinatos indiscriminados dirigidos a aterrorizar a la población. Según Kitson, para ganar la guerra psicológica, era una necesidad para las fuerzas del estado que la responsabilidad de estas actividades paramilitares recayera en el enemigo.
El desenmascaramiento del MFR es el desenmascaramiento del Estado británico, no ya responsable de connivencia sino de terrorismo de Estado, al demostrarse que Londres no facilitó, sino que promovió, lideró y usó a los grupos lealistas para sus propios fines políticos y militares.
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