El Proyecto de ley especial (SPAD) ha sido aprobado después de una larga jornada de debate en Stormont el lunes.
El líder del partido unionista TUV, Jim Allister presentó el proyecto de ley sobre asesores especiales.
La Asamblea votó a favor de prohibir a cualquier persona con una condena seria ser un asesor político especial (SPAD) en Stormont. La votación fue de 56 a favor y 28 en contra, despues del cambio de postura del SDLP.
El proyecto de ley fue presentado por Jim Allister, líder del TUV después de que el Sinn Féin IRA nombró al la prisionera María McArdle como asesora especial.
McArdle fue condenada por su participación en el asesinato de la hija de un juez, Mary Travers (que estaba con su padre en ese momento).
La hermana de la víctima, Ann, lanzó una campaña que ha inspirado el proyecto de ley.
Allister dijo que el proyecto era para "corregir un gran error" y dijo que "No es vengativo decir que criminales graves no deben trabajar del erario público en dichos papeles clave, centrales. Sería injusto decir que deberían hacerlo", dijo.
Según la legislación, a los consejeros especiales que han sido condenados a más de cinco años de prisión se les concederá un proceso de apelación.
Este proceso podría dar a las víctimas una voz y requeriría al ex preso 'mostrar contrición y ayudar a la policía en la resolución de su crimen'.
El líder del partido unionista TUV, Jim Allister presentó el proyecto de ley sobre asesores especiales.
La Asamblea votó a favor de prohibir a cualquier persona con una condena seria ser un asesor político especial (SPAD) en Stormont. La votación fue de 56 a favor y 28 en contra, despues del cambio de postura del SDLP.
El proyecto de ley fue presentado por Jim Allister, líder del TUV después de que el Sinn Féin IRA nombró al la prisionera María McArdle como asesora especial.
McArdle fue condenada por su participación en el asesinato de la hija de un juez, Mary Travers (que estaba con su padre en ese momento).
La hermana de la víctima, Ann, lanzó una campaña que ha inspirado el proyecto de ley.
Según la legislación, a los consejeros especiales que han sido condenados a más de cinco años de prisión se les concederá un proceso de apelación.
Este proceso podría dar a las víctimas una voz y requeriría al ex preso 'mostrar contrición y ayudar a la policía en la resolución de su crimen'.
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