En el documento, el Comité de Irlanda del Norte del Parlamento británico indica que aún hay dudas sobre la cantidad y calidad de la información que disponían los servicios de inteligencia respecto a los supuestos autores de la masacre, miembros del IRA Auténtico, un grupo disidente del ya inactivo IRA.
El Comité también quiere que se aclare si se ocultó esa información a la Policía norirlandesa, tal y como afirmó en 2008 un documental de la cadena de televisión británica BBC, lo que provocó la apertura de esta investigación parlamentaria.
Según aquel programa, los servicios de inteligencia británicos en la provincia escucharon conversaciones telefónicas de los sospechosos el día en que se dirigían en sus vehículos a la localidad de Omagh, el 15 de agosto de 1998.
Información, asegura la BBC, que nunca fue trasladada a la Royal Ulster Constabulary (RUC), la antigua policía de Irlanda del Norte.
Aunque un informe del Comisario de Servicios de Inteligencia, sir Peter Gibson, rechazó las acusaciones de la cadena británica, el presidente del Comité de Irlanda del Norte, sir Patrick Cormack, considera que el asunto no está cerrado.
Cormack también criticó al Gobierno británico por negarse a entregar a este comité el informe completo de Gibson, censurado por las autoridades por motivos de seguridad.
'Todavía quedan demasiadas preguntas sin contestar. El sistema de justicia criminal ha fracasado a la hora de llevar ante la Justicia a los responsables del atentado de Omagh. Por lo menos, aquellos que perdieron seres queridos o resultaron heridos tienen derecho a recibir respuestas a esas preguntas', dice Cormack en el texto.
Después de estudiar la versión editada del 'informe Gibson', el citado comité coincidió en que la información obtenida por los servicios de inteligencia el día del atentado no se 'siguió en tiempo real', lo que hizo imposible evitar la tragedia.
No obstante, precisa Cormack, surgen dudas respecto al intercambio de información después del ataque en Omagh.
En concreto, se pregunta si los nombres de los supuestos terroristas eran conocidos y, si lo eran, por qué no se facilitaron a la antigua RUC.
Además de pedir una nueva revisión de las pruebas disponibles, el comité quiere que se aclare si se hubiese podido evitar el atentado con una 'acción preventiva' lanzada contra los disidentes que perpetraron otras acciones terroristas durante 1998.
También insta al Gobierno británico a que explique por qué defiende el argumento de que mantener secretas las citadas conversaciones telefónicas revierte en el 'interés público', en vez de utilizarlas para llevar a los asesinos ante los tribunales.
Hasta la fecha, la Justicia de Irlanda del Norte y de la República de Irlanda han sido incapaces de castigar a los autores de la masacre, el atentado más sangriento en la historia del conflicto norirlandés.
Por ese motivo, las familias de los fallecidos en Omagh ganaron el pasado año una multimillonaria demanda civil presentada contra los cinco supuestos autores del atentado, a los que identificaron como Seamus Daly, Liam Campbell, Michael McKevitt, Seamus McKenna y Colm Murphy.
En las demandas civiles, el juez necesita menos pruebas para dictar sentencia, mientras que en los procesos penales la culpabilidad del acusado debe demostrarse sin que quede duda razonable alguna.
Bajo estos parámetros y siempre según las pruebas presentadas por las familias, el juez instructor Declan Morgan aseguró en su sentencia del pasado junio que cuatro de esos cinco hombres fueron los responsables de la masacre.
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